Manifiesto por la dignidad de los parados
La única solución al problema del paro es establecer un ingreso mensual para todas las personas sin empleo que carezcan de algún tipo de prestación, de manera incondicional e individualmente. En la actualidad, dos millones de parados no cobran ningún tipo de prestaciones.
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El gobierno propuso dar una prórroga de seis meses ofreciendo 420 euros mensuales a quien deje de cobrar el paro, sólo a partir de una fecha determinada. ¿Y después qué?. ¿Y quien en la actualidad no esté cobrando nada?.
La Junta de Castilla y León quiere aprobar una Renta Garantizada que esté condicionada a un itinerario de inserción laboral, siguiendo lo que la actual ley establece para recibir la Renta Activa de Inserción, que exige aceptar una colocación adecuada ofrecida por la Oficina Pública de Empleo o la Agencia de colocación sin fines lucrativos y participar en trabajos de colaboración social o programas de empleo o cursos en los que se está obligado a trabajar sin cobrar las horas realizadas, lo cual pretende convertir al parado en mano de obra residual.
Cualquier trabajo debe ser remunerado con un salario, pues no pagar el trabajo hace esclavos. La búsqueda de empleo debe ser una acción personal y no una obligación ante la amenaza de quitar una prestación de la que depende la supervivencia de la persona en paro. Tales planes de inserción han de ser voluntarios. El ingreso mensual debe considerarse como un derecho, por necesidad de subsistencia, la cual hoy no se garantiza a través del empleo.
Las medidas tomadas hasta ahora han supuesto una discriminación a los parados. Se han pagado 400 euros a los asalariados y no a los parados que lo necesitan. A los jóvenes de hasta 30 años se les da lo que se llama Renta Básica de Emancipación, 210 euros al mes para el alquiler de un piso, que no es una renta básica, pero sólo si reciben un salario y no a los jóvenes en paro que lo necesitan más. El gobierno paga 2.000 euros para comprar un coche y no para comprar una bici, o para comprar el pan que necesitan los parados. Siguen un criterio electoral y discriminan gravemente a las personas en paro.
Vivimos una crisis de empleoque no es posible resolver a través de crear puestos de trabajo, error esencial en el que se está cayendo, porque esto impide establecer un nuevo modelo que funcione y sea eficaz. El plan Eha sido una estafa. Una vez iniciado ha aumentado el número de parados. Algo que advertimos al gobierno y no se nos hizo caso. Todo lo que le dijimos se ha comprobado.
El dinero público para incentivar el empleo debe ir al trabajo público, pues al ir a las empresas se ha gastado en costes de material, salarios y beneficios, suponiendo estos últimos más del 50% de los presupuestos para dicho plan. Esto ha enriquecido a unos pocos empresarios y accionistas; con el dinero que el Estado debería dar a los parados y les ha quitado, sea en forma de trabajo o de prestación.
La actual Política Agraria Comunitaria (PAC) garantiza unos ingresos a los propietarios de las tierras, lo que supone dar miles de euros a los terratenientes, sin que se dé a los parados una base económica de supervivencia.
La pregunta que nos debemos hacer es: ¿Hay dinero? o ¿cómo se distribuye?
Se hacen campañas de propaganda anunciando medidas, se dan nombres a propuestas que no son lo que dicen ser y el problema aumenta. Se escenifican controversias que tratan de no dejar ver el problema de fondo: que los parados necesitan una solución urgente, ante la falta de recursos para sobrevivir. Los sueldos de diputados, asesores, directores generales y otras categorías colocados por criterios políticos se establecen por ley. Los encargados de establecer el marco legal de las medidas para los parados ganan tanto que no ven a quienes están en paro, para ellos son cifras y estadísticas.
Por ley, el presidente del gobierno puede cumplir lo prometido en la campaña electoral: el pleno empleo. Bastaría que se suprimieran los semáforos y pasos de cebra de toda España, con lo cual, a turnos de tres trabajadores por cada uno suprimido, se daría trabajo a los más de cuatro millones de desempleados.
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Otra cosa es que esta medida sea absurda, pero tanto como lo es aspirar al pleno empleo. Es la carencia estructural de puestos de trabajo la que debe ser sustituida por un ingreso mensual que garantice la supervivencia de las personas en paro.
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No hay que crear las ayudas como un chantaje que sirve para castigar al parado y convertirlo en mano de obra servil y barata; porque ello afecta negativamente al mercado laboral y agrava más la crisis, como estamos viendo, sin encontrar soluciones sino declaraciones propagandísticas mediante el ilusionismo político que hace, cada vez más, de la mentira la nueva ideología del Poder, como un fin en sí misma para ejercer el Poder sobre los ciudadanos y controlar el aparato del Estado.
Es necesario un nuevo modelo fiscal, porque el actual ha quedado obsoleto. No sirve para cumplir su función de cubrir las necesidades sociales. Lleva al endeudamiento a las diversas administraciones del Estado. Así mismo se requiere de una nueva economía que no dependa de crear puestos de trabajo, con el fin de garantizar un desarrollo sostenible, ante la grave amenaza que supone el cambio climático y la contaminación, sobre lo que el Gobierno español ha firmado diversos tratados que no cumple.
