En 1972 la ONU publicó el informe Meadons, sobre los límites del crecimiento económico. La escasez de materias primas exige un control para evitar su derroche. La aparición de nuevas fuentes de energía y la necesidad de fomentar el trabajo en la sociedad hizo que no se mantuviera una atención especial a sus conclusiones y se fomentaron las investigaciones para conseguir  nuevas tecnologías que evitasen tales limitaciones.

En 1987 el mismo organismo emite el informe Brundtland, por el cual se insta a  que los Estados de todo el mundo se tomen en serio el problema ecológico. Busca eminentemente un equilibrio entre el medio ambiente  y la actividad empresarial. Se acuña el término “desarrollo sostenible”. Aquel progreso económico que hace perdurar los elementos del medio natural necesarios para las próximas generaciones.

Desde entonces han sucedido dos grandes acontecimientos en la política y en el desarrollo económico de los países desarrollados. Por una parte se comienza a implantar normas para la protección del Medio Ambiente que más adelante se convertirán en leyes. Por otra se apoya con incentivos fiscales y subvenciones el uso de energías renovables, de aire, agua sin afectar a poblaciones rurales, sol, biomasa y normas de reciclaje para los residuos sólidos urbanos.  En este proceso la exigencia de los movimientos ecologistas y verdes ha sido de gran importancia. Lo sigue siendo.

Gran parte de las actuales reclamaciones se limitan a pedir que se cumplan las normas ya existentes. Lo cual es un empeño también de las instituciones, al menos en parte. Al paso de los años ¿Qué ocurre? Que se han establecido muchas leyes y planes parciales. Unas veces se cumplen, otras no, pero en cualquier caso no sirven, para establecer un criterio de racionalidad que permita conseguir el objetivo que pretenden.

Una de las primeras leyes fue la Ley de Espacios Naturales. Su pretensión fue preservar parajes naturales de cualquier agresión. Sucedieron dos problemas: Uno que se aisló tal territorio del entorno humano que lo había mantenido. Prohibida la caza, recoger leña y demás usos la gente del lugar lo percibió como un castigo, no como algo positivo. El segundo inconveniente fue que el resto del territorio quedó totalmente desprotegido.

Por no estar amparado por una ley cualquier desmán se pudo consentir, lo que levantó la protesta de ecologistas y afectados. Tal situación dio lugar a que se importara una ley de países más avanzados en materia de ecología con el fin de analizar cada proyecto y exigir medidas correctoras o impedir su ejecución: Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. En este sentido ha sucedido un avance enorme en cuestión de filtros, depuradoras, mecanismos de asimilación de sustancias contaminantes, que hace diez años fueron impensables.

Leyes de especies protegidas, planes forestales, propuestas contra incendios, de limpieza de los ríos, de residuos, etc., se multiplican, a pesar de lo cual sigue la protesta de los ecologistas y el desconcierto de las administraciones. Se ha establecido un Ministerio de Medio Ambiente, lo que no hace mucho se vio tal solicitud como una sandez. También Consejería y concejalía de Medio Ambiente. Al mismo tiempo prosigue la protesta de los colectivos conservacionistas, muchas veces todavía para hacer cumplir la ley. Cada acto de crítica sucede caso por caso, lo que provoca un agotamiento y aburrimiento en el seno del movimiento ecologista.  Éste a su vez entra en una aparente contradicción, muy difícil de explicar a la opinión pública: su rechazo a los proyectos de energías alternativas, como minicentrales o parques eólicos.

¿Qué sucede? Que se hace un abuso de tales proyectos para conseguir un beneficio económico de las subvenciones y convirtiendo tales en un negocio que tiene más en cuenta la ganancia empresarial que resolver las necesidades sociales. Se realizan semejantes proyectos de manera desproporcionada. Una naranja puede ser muy buena para la salud, pero tomada en grandes cantidades da lugar a una indigestión tremenda. También se impide que pueblos y pequeñas empresas instalen sus generadores de energía, al ser apropiada el derecho de  explotación energética por grandes empresas que venden su producción. Es conocido el dicho que quien hace la ley hace la trampa y cuando no se permite, por ejemplo, incinerar los neumáticos (Ardoncino) se venden sus desechos para “quemar” como combustible en cementeras, algo que ha denunciado  la CGT de León y Palencia.

Todas las leyes y planes medio ambientales carecen de un contexto que logre la eficacia de tales medidas. Siguiendo criterios aislados podría ponerse un parque eólico encima de la catedral de León. ¿Por qué no se hace? La ley de patrimonio sería insuficiente, ya que se podría aludir que los molinos espantan a las cigüeñas, que tanto deterioran la catedral. Pero existe una ley general de ordenamiento urbano, que coordina las leyes y ordena el desarrollo urbanístico de acuerdo a las necesidades que se prevén Puede funcionar mejor o peor, pero se establecen unas normas  claras que hay que cumplir y que se debaten en las instituciones democráticas.

De la misma manera es necesario ordenar toda la legislación medio ambiental, teniendo en cuenta las necesidades económicas, energéticas y las posibilidades territoriales que hay. No se puede seguir improvisando donde colocar un CTR o una empresa química, una pista de esquí o un salto hidráulico. Lo que suele seguir intereses especulativos, de sobornos a políticos o chantajes lo cual diluye  el derecho medioambiental como un azucarillo en el agua. Es un imperativo categórico establecer un marco de actuación  con un Plan General de Ordenación Medio Ambiental, lo que hará de las leyes y normas instrumentos más eficaces para proteger el medio ambiente y permitir el desarrollo económico. Lo cual es posible y necesario, para establecer las bases del desarrollo sostenible.