La nueva reforma laboral se fundamenta teóricamente en el argumento que ha planteado el presidente del gobierno español: Hay en las oficinas del INEM muchas ofertas de empleo sin cubrir, a pesar del paro existente. Se eliminan las ayudas a los parados, si por tercera vez rechazan una oferta laboral. Se alude a la insolidaridad de los desempleados y a razonamientos pseudoéticos, que son eufemismo de lo que no es otra cosa que un chantaje a los desempleados.

En una sociedad de libre mercado, tal como reconoce la Constitución española, la relación entre oferta y demanda de empleo se regula mediante el salario. Lo que habrá que hacer es incrementar la oferta salarial de dichos empleos, hasta que sean aceptados. Tal es la regulación lógica del empleo. Por el contrario el intervencionismo desde el Estado impone condiciones que desequilibran la oferta y demanda laboral.

Es como si un producto no se vendiera el gobierno decidiera expropiar una parte del salario de los trabajadores que no lo adquiriesen, con la «razón ética» de mantener los puestos de trabajo. Lo que habrá que hacer es, dentro del libre mercado, abaratar el producto, hasta que al comprador le interese adquirirlo.

Por otra parte el  desarrollo tecnológico hace que cada vez se produzca más riqueza necesitando menos mano de obra. El pleno empleo sólo es posible en sociedades totalitarias. Tal fue el reclamo económico  durante la sociedad industrial de los modelos fascistas y comunistas.

El apoyo a Le Pen en Francia y otros similares en diversos países europeos, debería hacernos pensar que hay que buscar medidas, como antaño se recurrió al keynesianismo en sociedades democráticas, para solucionar paradojas económicas que requieren definir una nueva realidad. Para desarrollar la democracia y el libre mercado es necesaria la Renta Básica, es decir un salario mínimo a toda persona de manera incondicional. Hay riqueza suficiente para poderlo aplicar.