La política económica de cualquier gobierno responde a una determinada teoría de economía política, la cual ha de partir de analizar el papel del sector primario en el proceso productivo de un país. En la actualidad, además, debe acomodarse a un mercado global y a una economía que responde a una determinada zona monetaria.

 

Decía un diplomático israelí  que algunos políticos, a veces, establecen medidas acertadas, sólo que lo hacen después de haber probado todas las demás.  Bajo esta premisa es de esperar que el Parlamento y el actual gobierno estudien el tema de la Renta Básica, para cuando se agoten las propuestas que hacen, pues ya llueven sobre mojado.

La actual política agraria,  y en general económica del gobierno socialista, insiste en agravar un error de planteamiento,  con el fin mantener la fidelidad de algunos sindicatos y organizaciones afines, cuyos intereses son  meramente sectoriales y sin ningún rigor socioeconómico. Tal política se aboca al fracaso, lo cual se debería comprobar con experiencias recientes, cuyo resultado ha supuesto una crisis política de la socialdemocracia alemana.

 

O la imposibilidad de llevar a cabo en Brasil las reformas agrarias que prometió Lula da Silva, siendo éste uno de los fundadores del Movimiento de los Sin Tierra. Precisamente porque la agricultura se ha modernizado y no necesita tantos brazos para trabajar como antaño. Tal como analiza el economista Willian S. Jevons «hay que diferenciar la teoría de su aplicación».

Recientemente la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha declarado ilegales las subvenciones a la exportación de remolacha en Europa ¿Supone la puntilla para este sector en León? No, es una nefasta gestión del sector agrario la que hace que se tomen medidas contra las subvenciones.

 

En la XXII Fiesta Campesina Matías Llorente propuso cerrar las fronteras a este mercado. Algo absolutamente sin sentido en una economía globalizada, como la que vivimos. Por otra parte sería muy contraproducente. Además las ayudas de la UE deben de ir a países con una infraestructura precaria y ayudar temporalmente a la puesta a punto de países como Polonia, Rumanía, Hungría.

 

Los objetivos iniciales de la Política Agraria  Común (PAC), por los años sesenta, fue el autoabastecimiento de Europa. Cumplido lo cual no se puede seguir perdiendo fondos inútiles para la economía y para el sector agrario. Ante lo cual los sindicatos del campo plantean que no podrán sobrevivir en un mercado liberalizado. En los años setenta un informe de la FAO ya lo advirtió y tal fue la esencia del debate sobre el cierre del embalse de Riaño. De aquellos polvos estos lodos.

Fernando Moraleda, que fue Secretario de la UPA y actualmente es un alto cargo del Ministerio de Agricultura, ya planteó que la agricultura necesita del mercado y del Estado. Pero sus propuestas se hacen inútiles ante la avalancha de la realidad agraria que se ha llevado por derroteros que describe muy bien D. Javier Callado Cobo (Diario de León, 19/III/99): «La agricultura a precios del mercado internacional no es rentable con las estructuras que predominan hoy en España. Ser agricultor  es, prácticamente, una concesión administrativa puesto que se trata de una actividad cuya supervivencia depende de la aportación de subvenciones».

El Ministro de Trabajo, D. Jesús Caldera, anuncia para el nuevo curso político el plan Renover, que pretende invertir en maquinaría agrícola más avanzada con el fin de aumentar el rendimiento agrario. Otro objetivo de este plan es fijar la población rural. Para lo cual algunos sindicalistas del campo proponen establecer industrias de transformación. La tecnología agraria ha hecho que se necesite muy poca mano de obra en el campo. La evolución en este sentido queda aún por pasar del 6% de población agraria en Castilla y León a un 2%, que es lo apto para mantener las explotaciones de manera rentable.

 

En España sucede un deficiente aprovechamiento de las máquinas agrarias, debido a una mentalidad cerrada e individualista. Máquinas que funcionan seis días al año son propiedad de una sola explotación, cuando podrían servir para seis o más. Lo cual hace que en explotaciones familiares la rentabilidad de la producción agraria sea muy baja por su alto coste. Difícilmente pueden ver beneficios más allá de la acumulación de capital en tierras y maquinaria, pues la inversión es muy costosa. Situación ésta que en la actualidad no es viable y es el meollo de la cuestión agraria. Mucho más importante y decisivo que el precio del gasoil o la existencia de intermediarios.

La propuesta del presidente del gobierno en Hospital de Órbigo, hace unos días, fue la que se deriva de un planteamiento general del PSOE: medidas sociales. Lo cual sirvió hace veinte años, pero ya no funciona, simplemente porque la realidad ha variado substancialmente. Su resultado será para el conjunto de la sociedad aumentar el paro y  el déficit, lo que ha llevado a una crisis grave en Europa y también la pérdida de confianza en el modelo del socialismo europeo.

 

Habrá que recordar lo que el economista alemán Walter Rathenau dijo hace casi un siglo: «No es lo mismo gobernar hoy que hace años. Gobernar es tomar iniciativas, las cuales tienen que ser éticas e ideales, pero también económicas«.  Hoy por hoy la única teoría económica que permite la rentabilidad de la modernización de la infraestructura agraria, el aumento de población en el medio rural y, en definitiva, resolver la cuestión agraria es aquella que plantea establecer la Renta Básica.