La única solución al problema del paro es establecer un ingreso mensual para todas las personas sin empleo que carezcan de algún tipo de prestación, de manera incondicional e individualmente. En la actualidad, cuatro millones de parados no cobran ningún tipo de prestaciones.

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El gobierno del PSOE propuso dar una prórroga de seis meses ofreciendo 420 euros mensuales a quien deje de cobrar el paro, sólo hasta una fecha determinada.  ¿Y después qué?. ¿Y quien en la actualidad no esté cobrando nada?. El gobierno del PP, que durante la campaña se lamentó de la situación de los parados, ahora les rebaja sus prestaciones y deja a los que nada tienen sin nada y sin esperanza ni posibilidad alguna de encontrar un puesto de trabajo.

La Junta de Castilla y León quiere aprobar una Renta Garantizada que esté condicionada a un itinerario de inserción laboral, siguiendo lo que la actual ley establece para recibir la Renta Activa de Inserción, que exige aceptar una colocación adecuada ofrecida por la Oficina Pública de Empleo o la Agencia de colocación sin fines lucrativos y participar en trabajos de colaboración social o programas de empleo o cursos en los que se está obligado a trabajar sin cobrar las horas realizadas, lo cual pretende convertir al parado en mano de obra residual.

Cualquier trabajo debe ser remunerado con un salario, pues no pagar el trabajo hace esclavos.  La búsqueda de empleo debe ser una acción personal y no una obligación ante la amenaza de quitar una prestación de la que depende la supervivencia de la persona en paro.  Tales planes de inserción han de ser voluntarios. El ingreso mensual debe considerarse como un derecho, por necesidad de subsistencia, la cual hoy no se garantiza a través del empleo.

Las medidas tomadas hasta ahora han supuesto una discriminación a los parados. Con la nueva reforma del PP los parados quedan a merced de la caridad familiar o en la desesperación. Con un 7% de lo que ganan los políticos y los altos cargos de confianza colocados por los partidos podría darse una Renta Básica a los parados, ¿no es esto necesario?, que no queda más remedio que hacerla aunque no le guste al presidente, que es lo que siempre duce cínicamente.

Vivimos una crisis de empleo que no es posible resolver a través de crear puestos de trabajo, error esencial en el que se está cayendo, porque esto impide establecer un nuevo modelo que funcione y sea eficaz. El plan E fue una estafa. Una vez iniciado ha aumentado el número de parados. Algo que advertimos al gobierno y no se nos hizo caso.  Todo lo que le dijimos se ha comprobado. Y ahora la nueva reforma laboral busca incrementar el paro para bajar más los salrios, eliminar el salario mínimo y acabar con los derechos laborales.

El dinero público para incentivar el empleo debe ir al trabajo público, pues al ir a las empresas se ha gastado en costes de material, salarios y beneficios, sin embargo el gobierno del PP sigue financiando a empresas privadas que con el dinero público gestionen sus beneficios privados.  Esto ha enriquecido a unos pocos empresarios y accionistas; con el dinero que el Estado debería dar a los parados y les ha quitado, sea en forma de trabajo o de prestación. El dinero debe darse a las personas no a las empresas, el debate no es si hay o no dinero, sino cómo se organiza el que hay.

La actual Política Agraria Comunitaria (PAC) garantiza unos ingresos a los propietarios de las tierras, lo que supone dar miles de euros a los terratenientes, sin que se dé a los parados una base económica de supervivencia.

La pregunta que nos debemos hacer es:  ¿Hay dinero? o ¿cómo se distribuye?

Se hacen campañas de propaganda anunciando medidas, se dan nombres a propuestas que no son lo que dicen ser y el problema aumenta. Se escenifican controversias que tratan de no dejar ver el problema de fondo: que los parados necesitan una  solución urgente, ante la falta de recursos para sobrevivir. Los sueldos de diputados, asesores, directores generales y otras categorías colocados por criterios políticos se establecen por ley. Los encargados de establecer el marco legal de las medidas para los parados ganan tanto que no ven a quienes están en paro, para ellos son cifras y estadísticas.

Por ley, el presidente del gobierno puede cumplir lo prometido en la campaña electoral: crear  empleo. Bastaría que se suprimieran los semáforos y pasos de cebra de toda España, con lo cual, a turnos de tres trabajadores por cada uno suprimido, se daría trabajo a los más de cuatro millones de desempleados.

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Otra cosa es que esta medida sea absurda, pero tanto como lo es aspirar al pleno empleo. Es la carencia estructural de puestos de trabajo la que debe ser sustituida por un ingreso mensual que garantice la supervivencia de las personas en paro.

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No hay que crear las ayudas como un chantaje que sirve para castigar al parado y convertirlo en mano de obra servil y barata; porque ello afecta negativamente al mercado laboral y agrava más la crisis, como estamos viendo, sin encontrar soluciones sino declaraciones propagandísticas mediante el ilusionismo político que hace, cada vez más, de la mentira la nueva ideología del Poder, como un fin en sí misma para ejercer el Poder sobre los ciudadanos y controlar el aparato del Estado. El paro es una estrategia económica para aplicar la política neoliberal de explotación total.

Es necesario un nuevo modelo fiscal, porque el actual ha quedado obsoleto. No sirve para cumplir su función de cubrir las necesidades sociales. Lleva al endeudamiento a las diversas administraciones del Estado. Así mismo se requiere de una nueva economía que no dependa de crear puestos de trabajo, con el fin de garantizar un desarrollo duradero, ante la grave amenaza que supone el cambio climático y la contaminación, sobre lo que el Gobierno español ha firmado diversos tratados que no cumple.