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Corrupción de la justicia

Hay elementos corruptores de la ley que pasan desapercibidos, pero sibilinamente se introducen en el cuerpo legal de un país debido a un sesgo ideológico que se justificaría en el ámbito político, pero no en la ley. Algo que sucede peligrosamente en España.

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No sólo se corrompe la justicia cuando es mediatizada por un partido, sino que al afectar a su esencia corrompe la misma democracia que se fundamenta en el estado de derecho, el cual se ve golpeado porque la legalidad no cumple su función.

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La excepcionalidad hace que por ella se introduzca la corrupción legal, porque aparece como germen en la misma base legal que es la Constitución. Por ejemplo el artículo 56.3 de la Constitución española dice: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Esto es algo aberrante que permite que haya otras excepcionalidades que se cuelan por este requerimiento de lo excepcional, pero sin que se vea, porque ya se ha admitido sin más aquello que carece de sentido desde el punto de vista de la legalidad. De esta manera sucede que el caso Blesa, expresidente de Caja Madrid, se enreda en una madeja jurídica donde todo el tema de las estafas en las preferentes, en la compra del banco de Miami por un precio fraudulento y financiaciones irregulares se convierte en juzgar al juez que le sienta en el banquillo: Elpidio José Silva.

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Puede parecer que no hay relación entre algunos hechos “aislados” y el funcionamiento general de la justicia, pero son las grietas que sirven para dejar escapar y dinamitar del estado de derecho y mermar así la democracia. Las situaciones que dan un sesgo ideológico a la ley tiene graves consecuencias.

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Es igual que cuando una infección afecta a la sangre: acaba repercutiendo en todo el organismo. En España nos encontramos ante un enfermedad de la justicia mortal, de manera que o reaccionamos o la misma democracia queda en peligro de extinción, porque en lugar de servir para resolver los conflictos la ley es el problema mismo y en vez de aplicar medidas con unas reglas de juego basadas en la legalidad, ésta se diseña al antojo de los gobernantes. Así vemos casos fragantes en casos como las modificaciones en las leyes medioambientales para que se puedan hacer determinados proyectos que por ley no hubiera podido ser. Se cambia el articulado legal y ¡ya está!. 

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Veamos dos ejemplos de casos asumidos y que la presión mediática hizo que apenas se debatiera, tampoco se dieron a conocer ni se hizo caso a reflexiones críticas al respecto. Parece que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo hoy, pero es como un gas venenoso que no se percibe, no huele, no se ve, pero asfixia a los ciudadanos quienes en lugar de verse amparados por la ley se ven acosados y en desamparo ante ella.  

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A) Crear la Audiencia Nacional para juzgar los crímenes de terrorismo, especialmente de ETA. Luego se le atribuyó alguna que otra función. Se dijo que fue para que los juicios se llevasen a cabo fuera del territorio vasco, pero en realidad lo que se quiso es manejar la justicia como un herramienta más contra el ataque del terrorismo. La ley se convirtió, de esta manera, en un arma y no en un cuerpo legal, porque introduce la excepcionalidad. Lo cual en el proceso de desarme de ETA y de su desaparición lo hace más complicado, porque el crimen desde el terrorismo se elevó la categoría de “combatientes” o “soldados”, como así fueron llamados por Aznar siendo presidente durante la primera tregua de ETA en septiembre de 1998.

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No es asunto baladí. Ya que los actos criminales de ETA se convirtieron en crímenes por encima de cualquier otro acto criminal de un asesino por motivos de robo o venganza. Lo cual es también un agravio comparativo para las víctimas de estos casos. ¿Qué diferencia hay en el hecho de morir, y para la familia de un asesinado, por un traficante de drogas, o un quinqui que dispara para robar, o un terrorista o soldado de la resistencia?. Las víctimas de ETA forman asociaciones con repercusión mediática, son condecoradas, heroificadas y las demás no. En las guerras no hay ley, pero si se actúa desde un fundamento legal contra la violencia armada desde el estado de derecho debe ser con todas las consecuencias.

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Cuando pasado el tiempo se entra en un proceso de paz se parte de esta situación que fue provocada y con la cual se introdujo en la legalidad un efecto corruptor que se acaba pagando porque se hace justicia instrumental, no legal, lo cual se suele hacer para evitar judicializar crímenes o torturas de Estado. O por ejemplo no juzgar las mentiras manifiestas ante un atentado como el del 11M en Madrid. Quienes lo instrumentalizaron de un lado y otro lo hicieron porque forma parte de ese juego que se abrió hace mucho. Por otra parte se ha aprovechado por los dos grandes partidos para llevar a los tribunales de manera solapada el independentismo e incluso después en la era de Rajoy la posibilidad de pensar es delito o de hablar si es sobre una defensa de la violencia. Se persigue “judicialmente” la libertad individual de pensar, cuando lo que es delito es ejercer la violencia, pero ¿pensarla o teorizar?. Es una perversión de la justicia sembrada hace tiempo que hoy pagamos sus consecuencias con creces al afectar a la libertad de expresión y de pensamiento. 

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B) La ley de género ha sido otro elemento corruptor de la justicia con su clientelismo ideológico cegado por intereses de grupos de presión, lo que ha hecho que se abra la desigualdad de una manera generalizada en el cuerpo jurídico, lo que hace que se erosione el estado de derecho. Hablo del hecho mismo legal, no los abusos que se puedan hacer con la ley.

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Que un ley introduzca elementos ideológicos, como es una diferencia de aplicación de la ley entre el varón y la mujer, inocula la diferencia en toda la estructura de la legislación para la aplicación diferencial. Es como un metástasis que hace que se expanda a todo lo demás. Apoyados por un sector de la población, conservadores y progresistas, introducen a su conveniencia este tipo de excepcionalidade, por ideología o por estar apoyados en “negocios” sociales basados en un red de subvenciones. Son admitidas y empujadas las propuestas ideológicas sin darnos cuenta de la grave repercusión corruptora de la ley.

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La injusticia como justicia es un principio antagónico que perpetúa el privilegio, por ejemplo el tema de no admitir la custodia compartida, aplicar penas diferentes según sea aplicada la misma ley a la violencia a un varón o de una mujer, hacer un paréntesis en la presunción de inocencia. Lo grave es que es la propia ley la que hace aumentar los casos que llama de violencia de género que quiere evitar y en lugar de corregirla la refuerza.

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Otras legislaciones ideológicas son las que prohíben el aborto porque deja de ser un garante de libertades individuales en pro de un control al sujeto por parte del Estado, lo cual empieza con el debate sobre la necesidad de… para pasar a la exigencia de…

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Otro ejemplo es la impunidad parlamentaria que disuelve la ley en lo legal a conveniencia. Es otra causa corruptora de la política. Una gota de aceite acaba pringando todo allá donde cae. Esta ley injusta per se crea diferencias entre ciudadanos. Desemboca en la persecución al disidente, hace culpable al ciudadano y de ahí la ley mordaza como ataque a la libertad de expresión. 

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O el caso de nebulosas legales como sucede con la prostitución, que si no se legaliza abre un amplio campo para que circule el dinero negro, fuera de la fiscalidad, que usarán traficantes de armas y de drogas, constructores que cobran una parte de los pisos en dinero negro, comisiones a los partidos políticos y demás. De esta manera la ley no cumple su función y en lugar de ser un arbitraje entre las personas se convierte en un mecanismo de opresión y de control.

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Al final ¿qué sucede?: que se desemboca en casos en los que los dos partidos mayoritarios, que lo son por aplicar el método D’Hont, es decir no representan a ninguna mayoría social los dos juntos, pero sí sus representantes, lo cual ya es una base de injusticia democrática insalvable y es en sí un efecto corrupto y causa de futuras y crecientes corrupciones sin que tengan arreglo si antes no se resuelve el problema de la Justicia. 

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Se siembra el principio de desigualdad en le ley y se extiende a las demás cuestiones. Se convierte en el fundamento sobre el que se cambió en agosto del año 2011 el artículo 135 de la Constitución española, de manera que la riqueza de la nación queda supeditada al pago de la deuda, es decir que se convierte en beneficios de las grandes empresas, sin hacer una auditoria de la misma para analizar el grado de corrupción que la ha provocado, mientras que se recortan los servicios sociales y servicios público de sanidad y enseñanza o para la dependencia a la ciudadanía. La deuda corresponde a una economía de corrupción que permite la justicia previamente corrompida como consecuencia de la excepcionalidad que se extiende hasta dejar inutilizada a la ley y acabar con el estado de derecho.

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Tiene razón Santiago Rodríguez Magallón, cuando defendió el 30 de abril de este año la Renta Básica en el Ateneo Varillas, y expuso la necesidad de que sea universal, incluso para los muy ricos, pues les hace igual a los demás como principio, ya que de otra manera se acepta una excepcionalidad y hace que lo sea también en el reparto de las subvenciones, en el traspaso del dinero público a los negocios privados de ellos. Se les saca de la sanidad pública como “acto revolucionario” de los gobernantes, la izquierda ortodoxa se niega a darles lo que a los demás porque no les hace falta y de esta manera se impulsa una injusticia, que parece que nada tiene que ver, pero sí y mucho. “Me da miedo admitir una desigualdad, del tipo que sea y por justificada que esté, porque es lo que da lugar a otras mayores“, dijo Santiago. Recuerdo una vez que hablé con Rubalcaba que dijo “¡cómo a un socialista se le puede pedir que dé la renta básica a Botín”. Le contesté que lo que exigimos es que no le dé tanto dinero en subvenciones de la PAC, en negocios que convierten en beneficios bancarios las inversiones del dinero público y demás.

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Una injusticia crece hasta convertir en injusta a la misma ley. Como se sabe en economía la moneda falsa acaba sustituyendo a la que tiene un respaldo monetario y es de curso legal. La falsa ley de la excepcionalidad hace que no haya Justicia. 

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  1. 6 mayo, 2014 en 1:37

    ¡Verdades como puños!

  2. Thoreau
    5 mayo, 2014 en 18:34

    Efectivamente, el hacer distinciones es siempre juego peligroso. Deben tener preferencia para percibir la RB, desde luego, aquellas personas que no cobran ninguna prestación y que tienen a todas los miembros de su familia en paro. Pero a la larga a todos, incluidos Botín y yo mismo, se nos debe reconocer ese derecho que nos permita realizar nuestros sueños y proyectos más personales. De lo contrario, corremos el peligro de que la RB sea percibida como una concesión en vez de como un derecho universal, con los riesgos que eso conllevaría.

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