Observó Michel Foucault que en el mundo moderno el Poder ha cambiado, ya no ejerce sus imposiciones por la fuerza en un primer momento, porque para perpetuar su función ha necesitado enmascararse, esconder su acción bajo la apariencia de democracia y de bienestar social.

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A medida que se ha ido construyendo la modernidad política hemos podido comprobar como las medidas sociales han tenido siempre un doblez para formar parte de la máscara. Es necesario, mediante el discurso crítico y la acción concreta, quitar la careta del Poder. De lo contrario estamos golpeando a una forma de cartón piedra y sus dueños torean a la población haciendo que embista al capote y no a quien lo guía.

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Cuenta Foucault que el Poder ha cambiado la amenaza por la interiorización de la represión. Lo que Marcuse llamó la “tolerancia represiva”. Se ha dejado de usar el garrote a cambio de la seducción y generar estímulos para hacer que las personas pensemos y actuemos en sintonía con el Poder.

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Las ayudas a la discapacidad, por ejemplo, fueron un señuelo, con las condiciones que hubo que precisar y siempre de manera incompleta, pero sobre todo se hizo como negocio para en lugar de ser un servicio público realizar los cometidos necesarios desde empresas privadas, de manera que las ayudas públicas forman parte de los beneficios de las empresas.

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Cuando el dinero del Estado, es decir de todos, acumulado por los impuestos de los trabajadores, se limita al mismo tiempo que las prestaciones sociales merman, quedan las empresas capitalizadas por el bien común, los servicios públicos desmantelados y una parte de las personas con limitaciones para vivir por sí mismas se encuentran despreciadas y fuera de toda solidaridad que no sea la de sus familiares cercanos, vecindario y amistades o quedan tirados en la miseria.  Pero no vayamos a quejarnos a la Administración porque dirán que no cumplimos las condiciones ¡que marca la ley!. El cinismo forma parte de la técnica del Poder.

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Lo mismo con las prestaciones por desempleo, con el ingreso de inserción activa, o a las personas en estado de pobreza absoluta mediante el ingreso mínimo de inserción, que llaman con todo cinismo “renta básica”, cuando es justo lo contrario. Bajo esta apariencia de gobiernos benefactores, los gobernantes tienen la letra pequeña, las condiciones, los requerimientos y van apartando a las personas que necesitan un mínimo de dinero para sobrevivir. El Estado ha empujado a muchas personas a la delincuencia al llevarlas a situaciones de desesperación, de haber perdido todo, para de esta manera reforzar el aparato de control y vigilancia sobre las personas y contar en último extremo con los cuerpos de represión.

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Ha llegado un momento en el que hasta la expresión social queda limitada, las manifestaciones para dar a conocer las quejas y que sirvan como rechazo a las políticas del gobierno se criminalizan.  La estrategia del gobierno consiste en que no sean visibles, para que todo parezca que funciona perfectamente y si hay casos aislados dicen que se trata de  personas irresponsable.

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A la par hay toda un red de trabajadores sociales, de burócratas en las oficinas del INEM, de chupatintas en los servicios sociales, Cáritas y la Cruz Roja que se convierten en servicios sociales de control, para que los pobres no “abusen”. En lugar de ayudar sin más a quien lo necesita, a quien carece de recursos, se dedican a  vigilar, a eliminar obsesiva y compulsivamente a la gente de la lista de  quienes reciben una muy mínima parte del dinero común.

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Hasta para ir  al comedor de Cáritas hay que pagar, poco pero pagar, para que vayan  los pobres a la parroquia a pedir esa ayuda cada día, porque a la vez mendigar en la calle se prohíbe. Es tan aberrante que por controlar y humillar se acaba por entrar en la rueda de ilegalidad y por la otra parte en el abuso de Poder. Siempre con la excusa de que es lo que marca la ley.

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Porque personas que tienen un coche, aunque no lo usen, o un casa en un pueblo que ha heredado junto  otros hermanos, es suficiente para que le denieguen una ayuda económica. O que por faltar a  una cita imposible de acudir por atender en otra ciudad a un familiar dependiente se quita una prestación. Todo por un red de chivatos preparados para “ayudar” a los necesitados, que actúan como esbirros. Es curioso que en un congreso de trabajadores sociales en León no se dejó hablar a una persona por no tener la titulación, cuando quiso presentar medidas alternativas a la labor que desempeñan. Y esto sucede con las personas preparadas para desempañar la ayuda social, imaginemos a los ejecutivos de la banca, a los políticos que diseñan el cuerpo legal de estas políticas sociales.

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Ahora  cualquier reclamación de abusos por parte de la Administración que requiere por ley acudir a la vía legal administrativa cuesta dinero y se aumenta la tramitación burocrática. De esta manera no se hacen visible las carencias y denigraciones en las políticas de asistencia social del gobierno.

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Sólo con los requerimientos que hacen falta, los controles y luego la vigilancia a la que se da derecho a las instituciones para ofrecer estos servicios envenenados hace que una gran parte de la población necesitada quede fuer del reparto de la riqueza social que irá a parar a manos de gente rica en forma de privilegios y a través de deducciones fiscales.

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Sólo desde esta perspectiva podemos entender la política económica que nos lleva al desastre el gobierno del Partido Popular hoy. Nos arrastran  a conciencia al abismo para llevarse el dinero del bien común a manos de unos pocos, crean teatros de conflictos y agitación con temas asumidos por la sociedad, agitando a minorías que sirven de comparsas y teloneros, como con los temas del aborto, la confrontación nacionalista, teatralizar los debates mediante insultos y con falsas y exageradas acusaciones, hasta el paroxismo, contra quienes ponen en evidencia a la casta del Poder, para convertir la política en un espectáculo vergonzoso y así esconder las políticas económicas que se fundamentan en haber recortado derechos laborales, eliminar partidas presupuestarias para la sanidad y la educación pública, eliminar prestaciones sociales que dejan en manos de empresas privadas. Ante la falta de recursos, bajan los impuestos, lo cual es un incongruencia, sobre todo porque lo hacen cuando ya tienen el campo allanada para hacer de la crisis su negocio.

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Continúan dando dinero a empresas, en forma de beneficios con las privatizaciones hechas con anterioridad en comparsa con el PSOE, de manera que se mantienen los niveles de beneficios a costa de bajar la masa salarial y la pérdida de poder adquisitiva de los salarios. Por otra parte se facilita el despido, y se incentiva la contratación, de manera que va a venir una etapa de despidos masivos a cambio de algunas contrataciones sin apenas derechos y con una considerable reducción de los salarios. Se quiere establecer la precariedad en personas que trabajan para todavía presionar más contra la clase trabajadora.

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Muchas prestaciones a desempleados se supeditan a la obligatoriedad de aceptar un puesto de trabajo con el salario mínimo, sobre el cual el Estado paga un parte al empresario que aporta doscientos euros para completar el salario mínimo, en un puesto de trabajo sin derechos laborales y en precario, ¡negocio redondo!. ¿Para quién es la ayuda?. Y a esto lo llaman prestaciones sociales. Se nos empuja a la precariedad laboral a marchas forzadas y siguen con el discurso de que no aceptar la denigración y perder de paso el dinero por tales prestaciones es por ser vagos y abusar de las ayudas.

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Para que este escenario no sea visible se prohíben manifestaciones, se multan las protestas, la resistencia se considera alteración del orden, etc… Mas vigilancia y castigo, que aluden siempre que es por el bien común.

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Nos queda luchar. ¡Al ataque!.

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