Cuando una sociedad se ha desarrollado suficientemente la riqueza es fruto del capital, la fuerza del trabajo, la tecnología y los servicios que ofrece. En estos últimos se incluye toda una plataforma social de distribución y consumo de bienes. En su conjunto constituye lo que se conoce como sociedad del bienestar. La economía se enfoca, al menos en teoría, hacia la calidad de vida. Basta observar cómo el 60% del presupuesto del Ministerio de Industria, 578.454 millones de pesetas.¹, se destina a I+D y a innovación, lo que quiere decir tecnología y ampliación del mercado de consumo, no sólo de objetos para consumir sino con la finalidad de fomentar nuevas ventas. Una vez que se ha cubierto la demanda de la industria de telefonía móvil, por ejemplo, se diseñan nuevos modelos, funciones más sibaritas. Esta estrategia comercial se ha fomentado de manera espectacular en las empresas japonesas, cuyos productos se distribuyen en todo el mundo. Una empresa fabrica productos y de estos salen subproductos que generan otros productos terciarios y así en una cadena interminable.

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En la sociedad industrial el trabajo fue determinante para el proceso de producción. En la actualidad lo es además en el proceso de distribución de bienes, pero, como hemos visto, no sucede en un encuentro entre la oferta y la demanda, sino que ésta se tiene que producir. Dada la capacidad de producción, que con menos mano de obra multiplica los resultados en una progresión geométrica, por mucho que se instalen procesos de consumo nunca podrá el mercado absorber la capacidad de trabajo de una sociedad. Lo que quiere decir que hay riqueza, que hay bienes, pero la necesidad de trabajar mengua en relación con la población activa. Se convierte en una necesidad acuciante, no de cara al proceso productivo o de necesidad social, sino para el consumo y de supervivencia.

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Las nuevas características que resultan de la evolución económica hace que aparezcan nuevas formas de trabajar, necesarias para la efectividad y rentabilidad de la producción y también para la utilidad real del esfuerzo realizado y el tiempo disponible del trabajador: tareas temporales y otras de un alto nivel de especialización. Y cuando se llega al cupo de su función no da para más. Ésta es una regla matemática en economía. Es una condición que forma los límites de la realidad. Lo que quiere decir que si lo que hay es riqueza y no capacidad de usar la fuerza de trabajo lo que hay que repartir es lo primero. Esta opción puede suceder de diversas maneras, que habrán de ser analizadas para ver cuál es la más idónea, en relación a los ciudadanos y al progreso de la sociedad en un marco cada vez más amplio de paz y libertad.

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El optimum de la economía se ha cumplido para el consumidor que se encuentra ante diversos bienes que puede comprar. Ocurre que el mercado se ha hecho tan extenso que hay otros productos de lujo que no son accesibles para la gran masa de consumidores. Al mismo tiempo se produce tal ansiedad con la producción de demanda que por mucho que se compre siempre se desea más, ocurre con los niños que reciben muchos juguetes en las fiestas dedicadas al consumo de bienes infantiles, pero nunca están contentos porque la oferta televisiva (producción de demanda) es interminable. En un sentido muy parecido lo entendió el economista italiano, Pareto, a principios de este siglo XX, cuando estudia que la economía llega a un punto en el que no es posible mejorar la satisfacción individual sin perjudicar al otro. Lo cual sí sería posible mediante el reparto de una parte de la riqueza, pero no en un modelo competitivo o de explotación a los países menos desarrollados económicamente.

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A la población carcelaria se le somete a una sobre explotación. Se les hace trabajar a cambio de beneficios en la condena, de salir los fines de semana o de reducir la pena. Trabajan por una media de 300 ptas./hora. Ocho horas diarias de lunes a viernes por 33.431 ptas. al mes, como media. Lo que no llega al salario mínimo interprofesional. Lo hacen sin contrato laboral, sin ser dados de alta en la Seguridad Social y sin seguridad laboral de ningún tipo. Bajo la máscara de la reinserción social y el aprendizaje los trabajos no valen para obtener una cualificación, ya que son labores como llenar y cerrar sobres, empaquetar productos o estar pendiente de una máquina que hace tornillos o lijan algún que otro desperfecto. El Ministerio de Interior ha llegado a acuerdos con empresas privadas que se benefician de estos programas de “reinserción”, para abaratar lo más posible la mano de obra y ser competitivos. De manera que resulta más barato que llevar la fábrica al Tercer Mundo, por lo que es un sistema que defienden ciertos economistas que ven una oportunidad para que se mantengan en el país muchas empresas, de manera que genera empleo, compensado por la labor a los presos en condiciones de superexplotación. Y como son personas proscritas y sin organizar sus derechos no cuentan para nada.

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Las prestaciones por desempleo o las jubilaciones no es el reparto de nada, sino el derecho que tienen los trabajadores de recoger el dinero que ha depositado en la Seguridad Social para cuando carezca de empleo, al menos durante un tiempo o cuando ya no tenga edad de trabajar. Todo lo cual esta establecido por ley. Forma parte de los acuerdos económicos que se han establecido.

Otra cosa son los subsidios que se conceden a familias en estado de necesidad. Se trata de un derecho social, sin ninguna relación con el mundo de la economía. Se trata de una medida benefactora del Estado, pero que resulta totalmente engañosa. Lo primero que sucede es que en lugar de tratarse de un apoyo para poder sobrevivir, se concede cuando se ha llegado a una situación de indigencia absoluto, por lo que para recibirlo hay que llegar a tal extremo. La prevención de la pobreza y la marginación es nula desde un punto de vista social. Los subsidios son tan exiguos que no valen para llevar una vida digna, de manera que se han de completar con actos que pueden ir de la delincuencia a realizar trabajos dentro de la economía sumergida. Una parte del pueblo gitano se ha visto atrapado por esta política de falsos subsidios.

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El Ingreso Mínimo Interprofesional (IMI) queda condicionada al Plan de Inserción Laboral, de manera que una persona con escasos recursos económicos queda además obligada a aceptar las condiciones laborales, por más que estas sean insuficientes para vivir, pero es que por ende tiene que dedicarse a trabajar con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), 69.000 ptas. mensuales, cuando el umbral de la pobreza en función de la renta del país es según la UE de 90.000 ptas./mes. Pero es que además las ayudas sociales no es a la persona, sino a la familia.

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En Castilla y León las ayudas familiares ascendían hasta 1997 a 33.590 ptas. mensuales para una familia necesitada, lo que quiere decir que ha de carecer de cualquier propiedad y recurso económico. Por otra parte ha de presentar la factura del alquiler de la vivienda. No hay en León viviendas cuya renta sea menos de veinticinco mil pesetas, a no ser de ya muy antigua renta. ¿Con diez mil pesetas puede vestir, comer, pagar la luz, el agua una familia o ni siquiera una persona? Si el receptor de tal estipendio encuentra un trabajo debe comunicárselo a los servicios sociales de la Junta de Castilla y León para que se le quite la paga. En algunos lugares como Navarra y Euskadi se ha entendido que esta manera de actuar desmotiva para hacer tareas mal pagadas y los necesitados de la ayuda acaban por buscar vías de subsistencias fuera del marco legal. Las administraciones de Euskadi y navarra han optado por mantener las ayudas familiares hasta que el cabeza de familia logre unos ingresos que superen el SMI. En Castilla y León, desde 1.997 se mantienen las ayudas mientras que lo que se gane no superen la cantidad que ofrecen. Algo bastante ridículo. Ocurre que al quedar condicionadas a aceptar determinadas ofertas de trabajo, este pequeño modus vivendi desaparece, al dedicarse a un empleo, que no queda garantizado ni se asegura unas condiciones salariales ni de horarios mínimamente rentables. Y en caso de no aceptarlas se eliminan las ayudas. Lo cual acaba suponiendo que es peor el remedio que la enfermedad. Como lo viene demostrando la cada vez mayor desintegración social y desestructuración familiar y colectiva de las poblaciones marginadas.

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Si una familia es recogida por un hermano carece de las ayudas por no pagar alquiler, que si no lo hace es porque no puede. O Si tiene una casa o tierra heredada que acaba en malas condiciones por falta de medios para hacer arreglos debe desprenderse de ella si quiere recibir las ayudas, quedándose sin un techo fijo.

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Tales condiciones fueron modificadas en 1997, fruto del Acuerdo Social sobre el Ingreso Mínimo de Inserción en Castilla y León, firmado por la Junta de Castilla y León y la organización sindical CCOO, acuerdo al que posteriormente se adhirió la central sindical UGT. La cuantía asciende a 43.302 ptas. mensuales, lo que supone el 75% del Salario Mínimo Interprofesional². Se ofrecen a unidades familiares, no a personas. Cambia en que permite atender a personas que puedan vivir en un piso en propiedad, heredado, por ejemplo, pero que no dispongan de medios para mantener a la familia, siempre que no se lucren de tal propiedad. Tales situaciones deben ser valoradas por técnicos del Centro de Acción Social (CEAS). Es para familias sin medios económicos ni patrimoniales para atender las necesidades básicas de la vida. El engaño que esconde, lo cual es muy grave que se ampare en fuerzas sindicales, es que quienes participen de tales ayudas, se ven obligados a realizar actividades no productivas, si se les exige y no pueden rechazar las ofertas de empleo, sin especificar que sea estable o con una retribución digna. De esta manera el receptor de las pagas sociales se ve obligado, bajo un chantaje, a aceptar condiciones de movilidad, de salario y de horario que devalúa la actividad en el mercado de esas actividades. Tales apoyos condicionados a imposiciones laborales hacen que los empresarios se aprovechen de las personas necesitadas, por lo que son ingresos sociales perversos, ante los que la sociedad difícilmente puede reaccionar. La interpretación popular suele ser que lo que ocurre con los parados es que no quieren trabajar, sin entender que ciertas condiciones de trabajo son inadmisibles y hasta antieconómicas.

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Mas que de un reparto de la riqueza se trata de un uso adicional de ésta cuyo objetivo es mantener a una población necesitada en un estatus residual. Se produce lo que los economistas críticos han denominado la “trampa de la pobreza”, pues hace que estas ayudas signifiquen un estancamiento de la situación en la que están sin posibilidad de salir de la miseria. He tenido la oportunidad de comprobar que cuando jóvenes presos salen de la cárcel cobran un subsidio durante dos años, con objeto de poder reinsertarse en la sociedad. Algunos hacen cursos en talleres profesionales y quedan fuera del circuito de la delincuencia versus droga o viceversa. Al pasar ese tiempo de rehabilitación recaen, como si fueran adictos al mal, y es simplemente que se les han terminado los medios mínimos de subsistencia y no encuentran trabajo estable. Suelen ser chavales y chavalas muy sensibles que si se les anda echando de un trabajo o tomando el pelo para repartir propaganda de los grandes supermercados acaban reaccionando violentamente contra la sociedad en general y actúan delictivamente de manera discriminada.

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Milton Friedman, el representante del monetarismo y teórico de la política liberalizadora admite que el Estado del Bienestar tiene ciertos fallos, lo cual es un paso muy importante para que lo analicen los políticos que siguen sus planteamientos a nivel macroeconómico. Paliar situaciones marginales y de pobreza no soluciona el ingreso de una parte de la sociedad en el mercado. Propone una tasa fiscal negativa, en forma de un Ingreso Mínimo Garantizado. Analiza este economista que tal medida es menos costosa que los programas de bienestar social con los que las diversas administraciones sólo perpetúan la pobreza. El problema es que si no se amplia a una Renta Básica tal propuesta da lugar a lo mismo, como estamos viendo. A no ser que sea un primer paso hacia la universalización de tal ingreso en forma de un derecho ciudadano. Por lo contrario si se convierte en una ayuda para los pobres crecerá este sector como subclase aparcada y su mantenimiento será cada vez más costoso y socialmente más insostenible. Lo interesante del análisis de Friedman es que entiende que las ayudas han de ser en dinero metálico, para que puedan participar del mercado y darles la oportunidad de socializarse, al menos en parte. Esta sería la propuesta de dejar las cosas como están pero ocultando los fallos con una paga, en lugar de buscar una solución a los errores intrínsecos de la economía, no sólo los fenomenológicos, lo que no deja de ser una inadaptación a la nueva realidad. Hace falta que los economista empiecen a encajar sus ideas con la muy moderna nueva existencia.

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La socialdemocracia añade a la política de la derecha un conjunto de prestaciones que son insuficientes. Merman la posibilidad de un desarrollo más extendido a los sectores sociales precarios. En zonas como Andalucía y Extremadura se ha dado una compensación económica a los jornaleros y otros trabajadores temporales del campo para evitar una movilización social, ante la imposibilidad de mantener durante todo el año los gastos fijos que requiere vivir día a día. Sin embargo no han servido para el relevo generacional que no se conforma con unos míseros ingresos, porque no les permite llevar una vida independiente.

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La política conservadora, como hemos visto, invierte en políticas activas de empleo, para lo que se dedica un partida de 900.000 millones de ptas. en los presupuestos para el año 2.000, con los objetivos de formación ocupacional, escuelas taller y fomento y gestión de empleo. Se ha establecido una Renta Activa de Inserción para los sesenta mil parados de larga duración con más de 45 años y cargas familiares, pero sólo durante diez meses y por un valor de 50.000 ptas., por familia y mes. Y quedan obligados a realizar tareas de interés general a precio de saldo o cursos de formación como contrapartida. Lo que da como resultado un nuevo fenómeno que es la explotación social, añadida a la económica en el mundo laboral. Pero además tales prácticas son engañosas, en tanto se ofrece a la sociedad como una especie de política benéfica. Así lo hizo el Ministro de Trabajo en España, Manuel Pimentel, que cumpliendo un requisito de los planes de empleo comunitarios, aseguró en Bruselas, durante la reunión de ministros de trabajo de la UE, el 29 de Noviembre de 1999, que en el año 2001 todos los desempleados tendrán un prestación, o formación o empleo, lo que incluye prácticas de trabajo, para empresas privadas o instituciones a cambio de un salario.

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Observemos que tales salarios son pagados por el Estado, cuando los cursos y los empleos son dados a empresas privadas, de cuyo trabajo o asistencia van a sacar un beneficio. Por otra parte se van a condicionar tales “salarios” a las condiciones que impongan los empresarios para aceptar tales ofertas, consecuencia de las políticas activas, de manera que no sean subsidios. A esta situación es a la que debe también responder la propuesta de la Renta Básica. Si bien es un avance muy importante, porque introduce oficialmente el criterio de una aportación económica a la población desempleada. Algo inconcebible semanas antes de que se hiciera pública la medida a tomar. Desde el punto de vista teórico se desvincula el empleo del trabajo. Ocurre que en la práctica este principio se pervierte y corrompe, al condicionarlo a ofertas de formación que no interesen al afectado y se le obligue a realizar, lo mismo que determinadas condiciones de empleo. No obstante la búsqueda de soluciones rondan la realidad y se acercan a la Renta Básica, sin llegar a ella porque no se lo platean, al faltar un estudio exhaustivo de sus consecuencias y de su integración en la economía de mercado.

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La nueva propuesta de ofrecer un salario a los parados, es altamente engañosa, ya que se condiciona a aceptar forzosamente realizar un curso de formación o aceptar un trabajo, sin poder rechazar tal oferta de trabajo, mas que una vez. Lo que supone que mediante prácticas en empresas privadas o instituciones se va a realizar un trabajo gratuito, o con un salario que supone una salida de urgencia a la necesidad ante el paro, no como respuesta salarial a un trabajo, de manera que trabajando se viva en escasez y sin tiempo. O trabajos que se pagan hasta llegar al Salario Mínimo Interprofesional, que ya se viene haciendo, pero tal práctica se extiende a todos los parados, que o aceptan o se les quita la paga, por lo que es una medida que supone comprar explotación con dinero público y tal va a repercutir en un aumento de los beneficios de las empresas privadas, cuyo coste salarial, en parte lo paga el Estado, como si de una ayuda o medida social se tratara. Si a un parado le pagan 42.000 pts, la empresa o la institución que le ampare paga hasta las 62.000 pts, es decir, 20.000 pts. Con estos puestos de trabajo los demás se devaluarán muchísimo. La situación es de un chantaje total hacia los que cobren las “ayudas salariales”. Se elimina el paro, se logra el pleno empleo, se cumple la utopía, a costa de una situación de precariedad extendida y considerada “necesaria” y “solidaria”. Por otra parte supondrá un mayor crecimiento económico, pues con el bajo coste salarial, la empresa podrá ser competitiva, sobre todo ante por el efecto sinérgico con los bajos salarios del Tercer Mundo, por lo que éstos, además se verán perjudicados. El resultado es el incremento de beneficios. Ante semejante conjunto de injusticias adquiere más sentido la Renta Básica.

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Muchas de las nuevas situaciones de explotación que suceden en la actualidad se aceptan, porque no se dan en estado puro. Lo cual distorsiona la lucha social. Quien cobra poco, o tiene un trabajo temporal, pero mantiene unos terrenos que ha heredado de la familia o bien lo trabaja en secano, que da poco trabajo, o lo alquila, o lo usa para plantar chopos, acepta una condición de escaso salario o estar unos meses sin empleo, porque compensa una cosa con otra. Lo mismo quien tenga cualquier otra renta familiar, o una pequeña empresa particular, como ocurre con muchos funcionarios, aunque para evitar incompatibilidades pongan el negocio a nombre de un hijo o de la mujer. También el trabajo de los dos cónyuges compensa un salario con otro. Por lo que se ha llegado a una situación de inmovilidad social apabullante. Bueno es que se regule tal compensación en el mercado de trabajo, pero debe partir de una base común para todos los ciudadanos y ciudadanas.

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En Galicia se inició³ la tramitación para realizar un Plan de pensiones para las amas de casas, de cara a cobrar una jubilación, lo que no es ni más ni menos que un fondo de pensiones que la única diferencia respecto a uno privado realizado en una entidad bancaria es que responde como aval la Xunta de Galicia. La Asociación leonesa de Amas de casa y Consumidores, “Dª Berenguela”, propuso en Mayo de 2000 el reconocimiento del derecho de las amas de casa como profesionales, para que su trabajo, no remunerado y no reconocido, se transforme en empleo. La labor doméstica equivalente a un 93´7% del PIB, en caso de que se pagara por horas el trabajo que hacen de atención a los hijos, la casa y demás tareas del hogar. Reivindican un estatuto social, que les dé no sólo una independencia para preservar su identidad física y moral en caso de malos tratos y separación matrimonial, sino para que sea reconocida su labor , como una tarea económica. La aplicación de tal medida será ciertamente compleja y puede llevar a situaciones injustas, en tanto la mujer de un millonario cobre una paga doméstica o una mejora de pensión y no lo pueda hacer una asistenta del hogar, porque sea trabajadora o incluso autónoma. La solución que integraría semejante proyecto en un contexto global es el derecho universal a la Renta Básica.

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El programa de estabilidad de la UE limita los gastos sociales. Los intereses del capital privado se sitúan por encima del interés público. Los incentivos del interés general se pretenden usar para revertir en beneficios privados de quienes invierten el capital que poseen. Por ejemplo España mantiene una deuda pública de un 62% del PIB, lo que supone que en 1.999 tuvo que pagar en intereses a la banca 2´82 billones de pesetas. La Economía diseñada por los bancos y grandes multinacionales exigen mantener sus beneficios mientras dosifican la deuda pública, obligando a marcar los objetivos de los gobiernos sobre la reducción de los costes laborales unitarios, es decir abaratar los salarios o que no suban suficientemente en relación a los precios, poniendo incluso la patronal un tope del 2%, y bajando las cotizaciones por el empleo, pero al mismo tiempo aumentan las subvenciones y disminuyen las cargas fiscales para los empresarios. Aumenta la productividad, los beneficios y la desigualdad social.

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Dadas las condiciones laborales que plantea el nuevo mercado de una economía mundial la posibilidad de repartir trabajo no sirve, como hemos querido demostrar anteriormente, porque dada la riqueza que se produce a expensa de los avances científicos, el trabajo ha quedado en un segundo lugar en términos generales, ya que es suficiente con un mínimo, pero no es necesario en su totalidad. Aceptando esta realidad se puede construir un nuevo modelo aplicando estrictamente los fundamentos de la economía política. El nuevo mercado laboral exige otras formas y horarios para el empleo. Por lo tanto repartir el trabajo no da como consecuencia distribuir mejor la riqueza. Solamente puede desembocar en una participación generalizada de la ocupación retribuida.

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La propuesta que plantea de una manera más realista el reparto de la riqueza es la de establecer un salario social para todos los parados. Como medida transitoria puede valer, provisionalmente, pero dejar que sea un objetivo final es escaso y fomenta una serie de problemas sobre los que merece la pena reflexionar, con el riego, en caso de no detenerse a dilucidar los pros y contra, de promover un espejismo social, muy aparente pero engañoso y a la larga vacío de contenido. El ejemplo en que el salario social se desarrolla de una manera excluyente es el caso de algunos Estados de U.S.A., como en el de California, en el que se da “dinero marrón” cada mes a los pobres, para comprar vestidos y alimentos, pero no alcohol u otros productos que sean perjudiciales o no sean necesarios. Se consigue, por decirlo así profesionalizar la pobreza. Muchas personas que se acogen a este “marrón” son personas con graves problemas psiquiátricos que están completamente desatendidos y vagabundean como pueden.

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Aunque en muchas ocasiones se han usado como sinónimos los términos “Renta Básica” y “Salario Social” son ofrecimientos distintos y de dispares consecuencias. Gracias a los debates que se suceden sobre tales asuntos se va dilucidando las características de cada planteamiento.

Las respectivas federaciones de CCOO y UGT de Madrid solicitaron recientemente⁴ al presidente de esta Comunidad un Salario Social, para aquellas unidades familiares que carezcan de ingresos, en una cuantía próxima al SMI y con medidas de ayuda como que puedan usar el transporte público gratuitamente. El cálculo que hacen las centrales sindicales aludidas es que bastaría con 211.000 millones de pesetas para facilitar el Salario Social a las familias que no cobran ninguna prestación. Cantidad ésta que es aproximadamente igual a la que en octubre de 1999 se saca de los Presupuesto Generales del Estado, una vez ya se habían consignado los gastos, para realizar el pacto el PP y el partido localista UPL , con objeto de mantener al primero con el poder de la alcaldía de León.

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El interrogante que se nos ocurre es ¿hay dinero o no? Y si lo hay ¿para qué?. Ya hemos comentado en que se van a invertir para la ciudad leonesa, lo que es un datos lleno de contenido social, pues ninguna de las personas necesitadas y que carece de medios, ni de dinero ni de trabajo, para cubrir los gastos domésticos antes de final de mes, van a viajar en el tren de alta velocidad, ni en avión, pues aunque necesiten hacer un desplazamiento son medios de transporte carísimos. Los usan los políticos para ir a sus reuniones porque pagan con el dinero del erario público, o los que viajan a cuanta de las empresas, además de quienes disponen de medios suficientes para gastar en lujos.

Durante el año 2000 el Instituto Nacional de Empleo subvencionó con 692.250.732 pts. la contratación de 791 empleados de Bizkaia⁵, para la realización de obras y servicios de interés general y social, mediante un convenio subscrito con diversos Ayuntamientos. No cabe duda que son empleos temporales y que quedan fuera de la demanda real del mercado laboral. Ahora bien se realiza tal aportación sobre la base del trabajo. La misma cantidad supondría una salario ciudadano directo de 72.930 pts al mes para las personas beneficiadas. El problema de subvencionar el trabajo es que hace perder el valor del trabajo en el mercado laboral. Se acabará creando más empleo, pero más barato y en peores condiciones, insisto, y erosionando la fuerza sindical para establecer condiciones dignas de empleo en los sucesivos convenios colectivos.

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Durante el año 1999 el Instituto Nacional de Empleo (INEM) contó con un excedente de 260.000 ptas. Que se derivan de gastos que se emplean en fortalecer políticas activas de empleo: formación y orientación, sin ningún sentido práctico, mas que para mover las cifras del paro, ya que la tragedia del desempleo se ha reducido para los partidos políticos y economistas a un problema de cifras. Otra parte del dineral que absorbe la entidad referida es para mantener una burocracia cada vez mayor y más inoperante, hasta el punto de que su función la acaban desarrollando empresas privadas, siendo la efectividad, según datos oficiales de un 31%, para lo cual se derrocha una parte de la riqueza que se produce en España. Si analizamos la efectividad social no llega al 12%, es decir lo que queda como real al margen de los datos estadísticos. Pensemos que el gasto de prestaciones por desempleo fue el 1´8% del PIB y en 1.999 del orden de 1´5%. Recorte éste que se hace para reducir el déficit.

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Tengamos en cuenta que los subsidios sociales no están cubiertos por las cotizaciones, sino que se trata de una aportación del Estado, que en casos de familias necesitadas y con una vida en precario, reciben como ingreso por hijo, cada mes, la cantidad de 3.000 ptas. Lo que no cubre ni el gasto de pañalitos. Sin embargo las ayudas sociales para ayuda a los parados se financia con las aportaciones que hacen las personas ocupadas. Nos damos cuenta entonces, querido lector, que las medidas que toman los responsables de las instituciones públicas para abordar posibles soluciones al tema del paro se establecen fuera del campo económico, porque buscan referencias políticas para su gestión, aunque ésta quede ocupada y penetrada por el poder financiero.

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El paro se trata de mantener en un nivel constante, más o menos, mediante un equilibrio que evite conflictos contra el Estado, ya que si hay una gran masa de parados cualquier maniobra sindical de tipo revolucionaria se ve amenazada ante la posibilidad de ocupar a otros obreros, que estarán deseando coger un puesto de trabajo antes que seguir en la indigencia y con un sentimiento de humillación añadido. Para evitar que se plasme en una realidad posible se hace que alternen, cambiando de unos a otros, por lo que el resultado de repartir el trabajo no es tal, sino que lo que se distribuye es el desempleo. Concepto éste muy importante a la hora de entender el conjunto de criterios prácticos de las políticas activas de empleo. Al mismo tiempo los subempleos y las ayudas sociales, mermadas al máximo, lo que tratan es de evitar un conflicto en el seno de la sociedad, el cual no es deseado por quienes están acomodados en su rutina de satisfacción material. Por otra parte se requiere de la paz ciudadana para que la estabilidad social favorezca el crecimiento económico.

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Pero ¿repartir la riqueza ha de ser exclusivamente con los parados u otros colectivos sin ingresos propios, como amas de casa y estudiantes? He aquí una de las cuestiones más importantes para entender nuestra propuesta final.

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En la revista de la Central General del Trabajo (CGT) “Blanco y negro” de Septiembre del 99 se recoge entre las reivindicaciones para los Presupuestos Generales del Estado, de establecer un Salario Social equivalente al SMI, para todos los parados sin prestaciones. Al mismo tiempo aumentar el salario mínimo a 90.000 ptas./ mes y que las pensiones se equiparen a semejante cantidad de dinero.

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Durante el Pleno Confederal del referido sindicato anarquista, celebrado los días 21, 22 y 23 de Mayo de 1999 se debatió en el punto 1 sobre acción sindical, apartado E, la disyuntiva entre Renta Básica o Salario Social. La ponencia que defiende la segunda alternativa la realizaron José Mari Olaizola Albeniz y Pepe García Rey. Propone una retribución económica para todas las personas que carezcan de prestaciones económicas o rentas. Incluye a poblaciones consideradas inactivas como la de estudiantes y las que se dedican al trabajo doméstico. Analizan las rentas de inserción que a partir de 1.990 se desarrollan en España, después de haberse implantado en diversos países europeos. Estas ayudas que no llegan a la mitad del SMI, planteadas en teoría para ayudar a insertarse en el mercado laboral las perciben sobre un millón de personas a finales de 1998. Se convierten en una limosna. Al ser una falsa medida solidaria e ineficaz los ponentes de la CGT rechazan tal mecanismo de actuación.

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Sobre la Renta Básica, Rey y Olaizola, hacen una dura crítica, quizá desde un prejuicio del sindicalismo obrero que no les permite desarrollar su análisis crítico a conceptos innovadores y más profundo. Desarrollan una lógica aún basada en el empleo como premisa fundamental, ya que éste sigue siendo el punto de referencia para la concesión de un Salario Social: quien no tenga un trabajo asalariado, o sea empleo, ni retribuciones por rentas de algún bien patrimonial. Defienden el reparto de todo el trabajo, ya que éste, siendo necesario, lo consideran un deber. Hasta el extremo de definir a los partidarios de la Renta Básica como “rentistas”, por definir, los teóricos de la RB, el trabajo como un derecho y no como un deber. Consideran la reivindicación del Salario Social una táctica para aumentar la capacidad de resistencia para luchar por el reparto del trabajo estable y contra el capital.

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Evidentemente se propone una confrontación. Desde mi punto de vista desembocaría en una lucha estéril, ya que el capital es necesario para el proceso económico en su conjunto, por lo que hay que utilizar su fuerza para una autotransformación que haga que el cambio sea utilizado en favor de los ciudadanos, ya no de una manera utópica total que quede fuera de la realidad, sino en una base mínima, pero que garantice la supervivencia. A partir de ella se pueda construir una sociedad más justa e igualitaria, lo que quedaría anulado o, mejor, vacío de contenido si se plantea desde la violencia revolucionaria.

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Por otra parte deforman, los defensores del Salario Social, lo que supone la Renta Básica, que para argumentar en su contra la reducen a una especie de bicoca, ajena al desarrollo económico. Recogen análisis parciales y visiones personales para descalificar esta opción de manera general y arremeter contra ella con vituperios furibundos. En parte han tenido un elemento de razón al encasillar el debate en un problema ideológico. Hasta ahora se han aportado datos económicos y argumentos sobre la Renta Básica de tipo social y político, pero no se ha desarrollado un estudio desde la perspectiva económica y en el contexto global de su desarrollo. Pero extrema tal crítica la ponencia contra la Renta Básica hasta el punto de acusar a quienes la defendemos de aceptar las ideas neoliberales, pera con la aportación de una medida social que pretende convertirnos en “anarcoliberales”, que proponemos medidas pías y no de justicia. Dice textualmente: “los defensores de la Renta Básica sueñan con Jauja, una sociedad en la que trabajan los robots y la riqueza reboza por todos los lados”. Nada más lejos de nuestros argumentos. No obstante dan pasos en su exposición hacia una vía media entre Salario Social y Renta Básica, pues se presenta como una medida individual, con el fin de buscar un sujeto social que haga suya la propuesta y luche para conseguirlo: jóvenes, parados de larga duración y los cinco millones de amas de casa que realizan su trabajo sin ser remunerado. Rechazan que la medida sea universal.

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Durante el debate en el pleno del congreso de la CGT se insistió mucho en esta idea, reafirmando tal argumento algún representante de la Federación catalana, en tanto proclamaron que se debía luchar por una medida exclusivamente para la clase trabajadora, no para los capitalistas ni para beneficiar a la burguesía extendiendo tal medida a todo el mundo. Quienes defendimos la universalidad en el reparto de la riqueza planteamos que precisamente hay que liberar al burgués de su condición, en la que se encuentra atrapado, lo mismo que al obrero y al parado. Recordamos la frase de Mijaíl Alexándrovich Bakunin: “La libertad de los individuos no es un hecho individual, es un hecho , un producto colectivo. Ningún hombre podría ser libre fuera y sin el concurso de la sociedad humana”⁶.

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La Federación leonesa de la CGT presentó en aquel congreso una ponencia alternativa a favor de la Renta Básica. Actué de coordinador y portavoz en el Pleno para defender la argumentación de este nuevo discurso. Por una parte se expone, en el trabajo presentado, la definición del nuevo contexto económico en el que vivimos. Diserté sobre los criterios políticos para llevar la democracia al mundo laboral. Se resaltaron las contradicciones de quienes arguyeron a favor del Salario Social como una medida exclusiva para un sector de la sociedad, pues se iguala para desestimar tal tributo social a un pequeño agricultor, que se las ve y se las desea para mantener a flote su explotación agraria, con un gran terrateniente. Lo mismo se ve un empleo en unos grandes almacenes con un salario de 94.000 ptas. que el de un ejecutivo de esa misma multinacional que gana los tres millones de ptas. mensualmente. No es lo mismo igualarles en un beneficio que sea considerado un derecho, que en una privación de un bien, pues se condena a quien esté en condiciones laborales inferiores a sufrir una penalización social.

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Por otra parte ¿cuál sería el incentivo preciso para trabajar?. Se le empujaría a las ciudadanas y ciudadanos a cobrar el Salario Social sin hacer ninguna actividad laboral, pues le compensaría más. El resultado sería la profesionalización del paro o convertir a la población desempleada en una subclase marginal con muchas variantes. La medida sería inviable, porque da lugar a un colapso económico, aunque a primera vista pueda parecer más factible que el establecimiento de una RB. El Salario Social no puede ser nunca una medida económica, lo será social y política, pero no económica, lo que sí cumple, especialmente, la Renta Básica.

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Con el Salario Social, como medida reductora y limitada sobre la precariedad, se conseguiría hacer tolerable la pobreza con una escasez de recursos tales que originaría una bolsa social de marginalidad ajena por completo al mercado del trabajo. Tampoco haría posible el autoempleo, pues los requisitos necesarios para desarrollar cualquier actividad económica hace que sean necesarios unos medios que no tendrá el “asalariado social” a su alcance, y más en una economía de consumo en una fase de saturación. Se presenta como un salario benéfico que marca una separación entre quienes están dentro del mundo del trabajo y los que quedan fuera, con dos sociedades separadas, una con un poder adquisitivo que iría creciendo en su bienestar material y otra en un estado cada vez más paupérrimo al no haber medidas correctoras de la inflación y arrastrar los precios y costes de producción tomando como base a la población empleada. Lo que quiere decir que el empobrecimiento de un sector de la población se mantendría hasta llegar a ser insostenible. El resultado sería una frontera infranqueables entre el mundo social y el económico, convirtiendo el primero en un gueto, cuyo sentido sería convertirse en una cantera de necesitados y mano de obra barata puesta a disposición de los intereses empresariales. En lugar de hacer depender el mundo laboral de los ciudadanos se provocaría lo contrario y la dependencia sería cada vez mayor con la imposición de determinadas condiciones como norma de funcionamiento.

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El Salario Social en el mejor de los casos permitirá la supervivencia marginada de las capas sociales más pobres, pero sin integrarse, al quedar excluidos sus sujetos del mercado de trabajo. Llegaría a ser una pesada carga para el Estado por los condicionantes de tal medida. Cuando para tal medida la propuesta es caprichosa y se pretende dotar de medios suficientes para conseguir su consecución, al quedar condicionada al reparto del empleo o ser independiente del capital, se deforma esta medida en una ilusión, pero que además es engañosa.

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En la ponencia a favor de la Renta Básica tratamos, desde León, demostrar que querer anteponer un criterio ideológico, fuera de la realidad concreta, da origen a todo tipo de paradojas. Mediante la Renta Básica como criterio económico el parado es considerado un ciudadano, con los mismos derechos que cualquier otro, y que como tal necesita unos medios de subsistencia, no como alguien ajeno al mercado de trabajo. Discurso que integra al desempleado en la sociedad, por definición. Y por lo mismo la pobreza se difumina, al pasar de ser una cuestión social a otra de carácter personal. ¿Admitiríamos que se redujera el voto a los licenciados o a ciudadanos con un nivel adquisitivo superior a la media? De la misma manera no se debe evitar un derecho universal en la economía. Por otra parte ¿quién define el deber del trabajo? Guiarse por un criterio de deber impondría necesariamente una obligatoriedad que generaría un conflicto y enfrentamiento en la sociedad, en donde quedaría cuestionada la libertad de elección.

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El resultado del debate fue que por votación en el Pleno se aceptó la defensa del Salario Social como propuesta sindical de la CGT, pero eliminando todo aquello que supusiera un rechazo a la Renta Básica. Quedó abierta la posibilidad de incorporar tal reivindicación en las bases programáticas del sindicato anarquista. El 26 y 27 de Junio de 1999 se celebró en San Boi de Llobregat, Catalunya, el I Encuentro de Ateneos libertarios en donde uno de los temas de debate , para reflexionar sobre cómo abordar los problemas sociales, fue la Renta Básica.

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Personalmente me quedó la espina de hacer una defensa de la Renta Básica sobre definiciones de lo que es y argumentos dialécticos. Reconocí que los fundamentos económicos fueron escasos y que se trataba de una idea teórica. Faltó integrar la propuesta en la estructura económica actual y analizar la evolución de la economía para encontrar el camino que condujese a la Renta Básica como una realidad práctica. No hubo tiempo ni un especial interés. Lo cual es el propósito de la presente obra. Es decir transformar el deseo de querer una idea en una realidad teórica, firme y concreta, dentro de un contexto económico. Pasará de ser una intención justiciera y ética a ser un principio de economía política, con el que sea posible sentar las bases del progreso. Y entender que no es una medida aislada, sino integrada con otras que quedan articuladas entre sí para formar un conjunto de propuestas que ofrecen un proyecto de cambio social.

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Estudiar la Renta Básica y su diferencia con el Salario Social nos lleva repensar la esencia de la economía clásica, tanto liberal como socialista, que coinciden en afirmar que el origen del valor de la mercancía es el trabajo. Para David Ricardo, a comienzos del s. XIX , el trabajo es el principal determinante del valor. Su análisis parte del principio de que el salario depende del precio de los alimentos. Pensemos que la economía de la sociedad de entonces se apoyó fundamentalmente en el sector agrario. Su argumento continúa con que los productos agrarios tienen un precio que dependen de los costes de producción, los cuales dependen de la cantidad del trabajo necesario para producirlos. En resumidas cuentas el razonamiento desarrolla una lógica aplastante: el agricultor necesita ganar para vivir y para comprar las herramientas y pagar las rentas de la tierra que es en lo que se mantiene su trabajo. También el obrero debe ganar lo suficiente para poder comprar los alimentos, los vestidos y pagar los gastos de vivienda. Este economista británico entiende que el valor de la mercancía es dado por la rareza del producto, es decir lo difícil que sea conseguirlo, pues cuantas más personas lo quieran y haya menos más se cotiza. Pero también por la cantidad de trabajo necesario para conseguir un producto. Jean Baptiste Say establece la ley que lleva su nombre , según la cual el peligro de que pueda suceder un paro masivo queda amortiguado en una economía competitiva porque la oferta crea su propia demanda.

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A finales del siglo XIX , durante el desarrollo de la revolución industrial, la teoría marxista define el valor de la mercancía como aquello que crea el uso de la fuerza del trabajo. Según Karl Marx el trabajo por sí mismo no tiene valor alguno, lo que considera una expresión inexacta, ya que “el trabajador y no el trabajo es quien se presenta en el mercado directamente al capitalista, lo que aquél vende es su propio individuo, su fuerza de trabajo”. Entiende que esta fuerza sólo la tiene el trabajador, por lo que el trabajo, como mercancía, crea valor, a diferencia de otras mercancías, y coincide con éstas en que satisface necesidades. El valor objetivo se basa en la fuerza de trabajo, que es su coste de producir. Pero el salario aparenta que es para la función que realiza, porque “hace invisible la relación capital-trabajo”, que es la fuerza que se utiliza para beneficio del dueño del capital y que el obrero debe aceptar por su estado de necesidad, haciendo posible la explotación en el sistema capitalista.

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A comienzos del siglo XX Alfred Marshall recoge el pensamiento de la escuela neoclásica para explicar el funcionamiento de la economía fijándose en la demanda porque la realidad económica había variado substancialmente desde el momento del que parte el marxismo. Observa como es la preferencia de los consumidores la que influye en los precios. Desarrolla su teoría de la utilidad marginal para explicar el valor de la demanda, por la cual la oferta adquiere rentabilidad a partir de tener en cuenta la producción de la última unidad, es decir de haber pasado por el proceso de la demanda, no al pasar por la oferta. Su alumno John Maynard Keynes, a mediados del S. XX vuelve a comprobar que los principios clásicos de las ciencias económicas no funcionan. Lo que indica que se guió por los principios de la realidad, no por los manuales teóricos ya que cuando éstos quieren dirigir los sucesos se les escapa de las manos.

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Algo frecuente en el quehacer de economistas y políticos. La realidad avanza por su cuenta. Keynes corrobora definitivamente que la economía progresa según la demanda, lo que trastoca completamente todos los análisis realizados hasta entonces, lo cual no quita la validez y aportaciones de anteriores investigadores y filósofos de la economía. Porque han de seguir siendo tomadas en cuenta todas las aportaciones. Para mantener el crecimiento económico hay que incidir en la capacidad de comprar, según Keynes, lo que exige aumentar el nivel de vida de los ciudadanos, aspecto éste que supone un avance social importante y que exige a los gobiernos intervenir mediante subvenciones y patrocinar obras públicas que activen el proceso económico, que por sí mismo, en el juego del mercado, no funciona. Previsión que advirtió Marx al anunciar el fin del capitalismo por sí mismo, debido al exceso de la oferta y el incremento masivo del desempleo, lo que supondría al final del desarrollo capitalista ante el desplome de los beneficios. Entonces vendría como fruta madura la sociedad comunista, según Marx. La revolución dentro del capitalismo sucede cuando Keynes comprobó los mismos efectos, pero propuso actuar sobre la demanda. Lo que no calcularon los marxistas fue que el capitalismo, por su capacidad de adaptación, se transformó en una sociedad de consumo, en la cual sus análisis sobre la plusvalía y el capital son incompletos y hacen aguas. Por ejemplo la fuerza del capitalista ya no se reduce a tener la propiedad de los medios de producción, fábricas y máquinas, sino que ya hemos visto que hay otros componentes que sitúan el poder de la economía en la demanda.

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En la actualidad un salario fijo se puede convertir en un capital, mediante la adquisición de un crédito, que da lugar a tener un negocio o una participación en él como es el caso de muchos funcionarios, que ya no buscan satisfacer sus necesidades sino enriquecerse más y más. La posibilidad de comprar a plazos da opción a adquirir bienes , sean o no productivos, a partir de un sueldo, que entonces ejerce la función de ser un capital.

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El origen del valor de la mercancía ha dejado de ser exclusivamente el trabajo. Sino que lo adquiere por la imagen que se fabrique con la publicidad, o por las redes de distribución que permite colocarlo en un extenso mercado al que no llegue la competencia. El valor procede del consumo. El trabajo ya no es sólo una función económica, sino también social. Aquí radica el traslado de su ejercicio, que pasa de ser un medio a ser un fin. La actividad política puede admitir tal situación, pero no el desarrollo de la economía. Éste necesita recuperar el trabajo como medio, pues de lo contrario pierde su sentido y no hay otra manera eficiente de que el mercado regule los puestos de trabajo. Pero como éste ya no funciona por sí mismo se requiere partir de una base salarial establecida, previa al trabajo, lo que supone el establecimiento de una renta básica.

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Contrariamente a lo que puede parecer en un principio esta medida va a permitir recuperar la función del mercado en su máxima efectividad para el crecimiento económico, pero añade un equilibrio por el que una parte de sus resultados va a extenderse en toda la sociedad. Hay una plusvalía que genera la técnica aplicada al proceso productivo, que ha de generar un beneficio privado, pero puede también formar un beneficio público, éste se convierte no en una dádiva política, sino en una inversión para el consumo y reguladora del mercado de trabajo. Por consiguiente es una medida económica, además de ser un planteamiento político que permite el afianzamiento de la democracia y la paz.

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Conviene tener en cuenta el marco teórico expuesto para profundizar en la diferencia del Salario Social con la Renta Básica dentro de la evolución que sufre la economía. Lo que más adelante iremos desarrollando metódicamente.

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Tenemos por una parte el mercado de trabajo que fija el precio de éste, el salario. Por otra la cantidad de trabajadores u horas necesarias para cumplir su función. Siendo el Estatuto de los Trabajadores el espacio político que recoge las obligaciones y derechos de aquéllos. Pero tal mercado queda alterado ante las nuevas tecnologías y una mentalidad diferente por parte de la población. El mercado pasa a ser intervenido como solución al desempleo, que más tarde se comprobó que fue provisional, según las ideas de Keynes. Plantea otras reglas que durante tres décadas han funcionado, al menos relativamente. Salvada la crisis de la oferta el keynesianismo es un modelo insuficientes tal como manifiesta la nueva realidad a partir de los años ochenta. Las teorías monetaristas adquieren prioridad en los análisis. Las medidas para controlar la inflación dan soluciones parciales y de manera muy fugaz. Sirven de manera muy puntual. Se aplican porque es la teoría más acorde con el proceso de globalización de los mercados.

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En otro orden del análisis económico la revolución técnica , que empezó con el uso de la electricidad y el petróleo en los procesos industriales y continúa con la energía nuclear y la informática, producen cambios no sólo cuantitativos en la oferta y la demanda, por el aumento de cantidad de lo que son capaces de hacer producir, sino que afectan a transformaciones cualitativas de los sistemas de producción, en la forma de vivir y en cómo generar la riqueza. Ocurre entonces que los planteamientos de Say, según que el equilibrio de la oferta y la demanda fija los precios, son invertidos al ser la demanda lo que resulta determinante, pero el valor de los bienes que se producen lo marca, según Say, el que sean útiles y limitados en su oferta, pero tal limite se ha roto, pueden ser ilimitados desde el punto de vista de la producción. Sin embargo aparecen otros limites que quedan fuera de la economía, como son las externalidades (medioambiente, desequilibrios de población, etc.) de las que hemos tratado ya en otro espacio.

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En relación con el trabajo y la fuerza de trabajo aparecen nuevos elementos que son decisivos para evaluar su función. Es la función la que adquiere valor, no por el trabajador ni por lo que realiza sino por la tarea específica que cumple dentro de la cadena de producción, tecnológica y de consumo, en la cual funcione. Por ejemplo con una excavadora automática y de control a distancia queda sustituida la función de picar y se eliminan a treinta obreros cuya fuerza de trabajo queda reemplazada por la tarea de cambiar las baterías a la nueva pieza de alta tecnología. Que añade externalidades positivas, como es el hecho de que no hayan accidentes de trabajo. Por supuesto que es un valor relativo y requiere que se marque un tope mínimo a partir del cual se extralimite. Tal especifidad explica que empleos como los de diseño, o de pasear por una pasarela, o entrenar en un deporte del espectáculo o escribir un libro den como resultado fortunas millonarias para sus ejecutores. El mismo trabajo, incluso el mismo resultado sería muy diferente en otro modelo económico en el que cumpla la misma función. Una obra literaria depende de la editorial que la edite que venda más o mucho más, o nada. Depende del consumo que pueda producir el promotor. El trabajo útil que pueda hacer un albañil es depreciado en comparación con lo que ganan algunas chicas paseando por pasarelas con vestidos de lujo. Cientos de chicas podrían hacerlo pero se elige a una de cada mil y lo que se valora es la especificidad, evaluada en cada momento según los gustos o las expectativas estéticas de la población.

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Hay en cada mercancía un valor de consumo, que no entra en el mercado,, sino que lo tiene en sí mismo precisamente por la técnica de mercado que fabrica una imagen. Se compran las marcas, como garantía de satisfacción. Lo que da lugar a una industria clandestina de falsificar aquéllas. Pero se ve más claro en la industria del ocio la manera en que es independiente de otros valores. Cuando se sale por la noche uno no va a beber una bebida determinada, sino que sale con los amigos. Y para pasar el rato en una cafetería toma algo, que no lleva decidido, consume y elige lo que le suena o a lo que está acostumbrado. Nadie o casi nadie pide por la noche un vaso de leche, y a lo mejor es lo que la mayoría toma al llegar a casa para irse a dormir, pero el consumo a creado sus pautas y costumbres específicas. Durante las rebajas se va a las tiendas a ver que se compra, no se acude para adquirir algo necesario. Y para nada se trata de una actividad económica baladí, más bien lo contrario es un movimiento del mercado de consumo que se motiva como motor de otras muchas industrias: plástico, vidrio, embotelladoras, negocios de hostelería, de muebles y de obras de interior, distribuidores, publicistas, etc. El consumismo es el reflejo de una manera de ser de la economía.

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Según el marxismo el trabajo conserva y transmite al producto el valor de los medios de producción, ya que el valor de éstos se conserva pero no se reproduce. La duración del trabajo traspasa y mide el valor de la fuerza del trabajo, produce más valor de lo que hace, y ese excedente de valor del producto es lo que pasa a ser ganancia del capitalista, una parte va para mantener y continuar el negocio, es decir, invertir y la otra en beneficio. A la primera parte llama Marx “capital constante”, que se convierte en medio de producción y a la segunda “capital variable”, el transformado en fuerza de trabajo. Ahora bien en la actualidad, dentro de este esquema como medio de análisis podemos observar que hay dos capitales o formas de él es decir de su uso, que son fundamentales. El capital mediático que pasa a ser un medio de distribución y de generar el consumo y un capital fluctuante sobre el que se montan muchas industrias temporalmente y luego se modifican o reconvierten, al basarse en modas, espectáculos de masas que exige constante renovación. El consumo actual, una sobredemanda, necesita funcionar rápidamente para la consecución de beneficios. Nuevamente observamos que el valor de este movimiento de capitales funciona por su especificidad en un momento determinado. Como es el caso, por ejemplo, de la industria discográfica o del cine y la del ocio que requiere mantener de manera constante el estímulo de nuevas ofertas.

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Por otra parte la evolución social ha hecho que aparezcan contravalores como pueden ser los efectos negativos sobre el medio ambiente. Lo que además, como hemos visto, se puede llegar a contabilizar en criterios económicos. Por ejemplo la imposibilidad de ser degradados la mayoría de los plásticos, el daño que ocasionan los clorofluorocarbonados en la capa de ozono, o los monómeros que se usan para la fabricación de materiales plásticos, que junto con benceno, que sirve para fabricar el naylon, son cancerígenos, o como lo fue el DDT tan utilizado en la agricultura y todavía hoy se sigue aprovechando para la producción agraria de los países más pobres. Este contravalor puede ser determinante para que se deje de producir, bien por imperativo legal, o por criterios de mercado porque se deja de consumir.

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La Comisión Europea sobre salud ha emitido, octubre de 1999, un informe sobre el impacto social y económico del amianto, material que interviene en la industria química, en la construcción, porque su fibra se puede moldear, en la textil, naval, siderometalúrgica y en otras. Se caracteriza porque es inflamable y aísla del calor. Es un material que recubre tejados, paredes, techos y tubos. También se utiliza para fabricar las pastillas de frenos, pinturas, asfaltos. Se ha calculado que por respirar las sustancias que emana 250.000 personas de la UE morirán y en España se calcula que son 30.000 trabajadores los que enfermarán en los próximos años por acción directa de estar en contacto con dicho material. Inhalar el polvo de amianto provoca cáncer de pleura y broncopulmonar. La directiva Comunitaria ha tomado la decisión de prohibir este material. Concede de plazo hasta el 1 de Enero del año 2005 para que se suprima su utilización totalmente.

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El valor viene determinado, según Marx, por la utilidad, valor de uso y por lo que se puede negociar con él, valor de cambio. En el caso del trabajo estos dos valores se ven actualmente asociados a otros como es el valor social, lo que hace que se genere empleo subvencionado. Otro es el valor ecológico, en tanto introduce costes de depuración, filtros, reciclar productos como materias primas y demás, que también generan una extensión más amplia de la mera actividad económica. El valor de uso del trabajo es hoy en día mucho menor que hace medio siglo y también el de cambio. Siendo necesarios, no son determinantes. Mantiene su valor como centro de la actividad económica por otros valores añadidos que se adhieren dando un valor conjunto al trabajo por la complejidad económica con que funciona el nuevo sistema económico. La debilidad sindical que actualmente sufre la sociedad es precisamente por la falta de fuerza y de preponderancia del trabajo en el desarrollo y producción de riqueza.

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Se ha argumentado que la tecnología requiere mano de obra para fabricar sus mecanismos de funcionamiento y que esto sustituye lo que por otra parte merma con el uso de la automatización y sistemas que funcionan mediante la autorregulación y retroalimentación de su actividad. Quienes esto plantean no se dan cuenta de que en realidad los procesos de producción de tecnología se hacen gracias a otras técnicas avanzadas, que a su vez provienen de otras que funcionan con muy poca mano de obra en proporción a la que ahorran, pero aún así si seguimos hasta el origen del proceso productivo tecnológico comprobamos que requiere mucho trabajo intelectual y muy específico, otra vez la especificidad, pero apenas operarios en su construcción.

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En último término el trabajo tecnológico es el resultado de la ciencia aplicada y consiste en un descubrimiento o invento que parte de un investigador o grupo de estudio cuyo, resultado se extiende a nivel mundial en poco tiempo. Su efecto adquiere un impulso sinérgico que une su lanzamiento al mercado y su fuerza productiva a otros conocimientos. De esta manera la tecnología tiene un valor de uso, de cambio, social y ecológico. Como contravalor estaría la falta de empleo que ocasiona. Si se elimina dicho contravalor su eficacia se puede incrementar en proporciones inimaginables. La única manera que hay de hacerlo es hacer óptimo el mercado laboral, ajustándolo en su dimensión adecuada y necesaria. Lo que es posible con la Renta Básica.

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Si introducimos el Salario Social como medida política, ya que no interviene en el proceso económico, al quedar dicha medida separada del mercado laboral el trabajo sigue dependiendo del salario que se ofrece por él, es decir del valor de cambio. Depende entonces de los medios de producción, la tecnología y el consumo. Se devalúa el trabajo y a medida que baja su cotización se ha de separar de la ayuda social, pues si no ésta interesará más que un trabajo devaluado. El SMI deberá ser superior en gran medida a lo que reciba un parado, y las ayudas tenderán a mermar progresivamente hasta desaparecer, al tiempo que se logran ocupar muchos puestos de trabajo en precario con trabajadores provenientes de la inmigración, que es lo que sucede en el Reino Unido, Francia, Dinamarca y Alemania, que han ensayado de una manera limitada ofrecer un Salario Social, cuyo resultado se empieza a poner en cuestión por la razón que acabamos de indicar. Poner condiciones o aplicar un baremo para dar una paga social es irreal porque queda fuera de las pautas económicas y éstas se verán afectadas negativamente sin poder reaccionar, para, finalmente, originar un bloqueo en la función del trabajo.

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El economista norteaméricano, Jeremy Rifkin, sobre cuyo estudio del desempleo tecnológico volveremos más adelante, plantea establecer un nuevo pacto social basado en el desarrollo de lo que los economistas denominan “una economía social”, que se basa en coordinar el capital mercantil con otro público y con otro social, mediante la reducción de horas de trabajo y ofreciendo un salario social para los más pobres, al que denomina Ingreso Anual Garantizado. Propone potenciar el trabajo del voluntariado. Su argumentación debería concluir en la Renta Básica, pero no se la plantea, quizá porque es difícil de imaginar como parte de una realidad venidera. Buscar soluciones parciales, que modifiquen ese pacto social en lugar de renovarlo es caer en trampas posibilistas. Por ejemplo la acción del voluntariado se pervierte en su “profesionalidad”.

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Muchas ONGs hacen un trabajo necesario e impresionante, de atención a muchos ciudadanos necesitados, pero sucede ya que se crean asociaciones fantasmas para recibir subvenciones, se inflan los proyectos para sacar dinero y aparece una pseudosolidaridad “voluntaria” que no es más que un modo de vida para muchas personas. A parte es un campo de actuación de muchas sectas destructivas que ven en este modelo de participación social una manera de sacar dinero y hacer proselitismo, así como mantener ocupados a sus adeptos. La labor de las ONGs se verá potenciada e intensificada no por su profesionalización, sino cuando mediante una RB garantice que es una labor altruista y voluntaria, que es lo que radica su fuerza de acción, de lo contrario muchas asociaciones y demás colectivos se convierten en empresas solapadas, fuera del marco laboral.

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La sociedad requiere indudablemente el trabajo, pero ya no de una manera generalizada. Se puede hablar de un trabajo básico y también de uno máximo que puede desarrollarse a partir de que se reparta el empleo, pero por efecto de alguna medida que lo permita, no como una condición impuesta que anule la razón de ser del mercado laboral. El trabajo básico es el que produce bienes necesarios y para el consumo preciso de las costumbres y relaciones sociales, pues las necesidades subjetivas también son necesidades. ¿Quién determina lo que es o no necesario? Un gobernante vegetariano puede determinar que comer carne no es necesario y reducir la dieta básica a fruta y legumbres y en consecuencia el trabajo mínimo prescindiría de la ganadería. La necesidad la marca, y por lo tanto define, el mercado y puede hacerlo perfectamente al establecer una Renta Básica. Mientras que el Salario Social determina e influye en el salario mínimo desde fuera del mercado laboral, la RB no, porque deja que funcione el mercado por sí mismo. Es una medida integrada en la economía. El mercado funcionará sobre su base real, no idealizada, guste o no guste, sea más o menos justo. Pero al menos se garantiza un mínimo de medios a cada ciudadano y ciudadana, de manera que evita la pobreza y no impide el enriquecimiento, pero se logra éste con las reglas del mercado real, no con el subvencionado, el intervenido o el que se fuerza mediante la explotación obligada, es decir a la que nadie puede negarse si quiere sobrevivir.

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La Renta Básica hace que se aproveche socialmente el avance tecnológico y aprovecha su productivismo de manera que la plusvalía que genera pasa en parte al capitalista y otra parte se convierte en plusvalía social para los ciudadanos, precisamente por el desfase entre la producción y el uso de los medios automatizados. Mientras que la RB equilibra el desarrollo tecnológico con el trabajo y regula los precios, pues es un factor determinante en la economía pero no interfiere en su función, el Salario Social , por contra, equilibra el desarrollo técnico con el paro, de manera que se acaba convirtiendo en una subvención al desempleo.

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Con la Renta Básica el valor del trabajo se convierte en beneficio, no en salario, aunque sea en forma de salario (lo que cobra el obrero). Éste es dado como punto de partida en el proceso productivo. El trabajador puede acceder o no a las condiciones del patrón, de manera que el capitalista ha de llegar a un acuerdo, y conseguir una plusvalía con su negocio que se transforma en beneficio, pero dentro del libre mercado. No condicionado por la necesidad. Y éste es uno de los grandes avances para la economía y para la democracia. Por eso la Renta Básica es una medida para los parados y también para los trabajadores. Se consigue un cambio copernicano muy importante: los medios de producción dependen del trabajo, no al revés como hasta ahora. En donde el trabajador está históricamente hasta hoy condicionado por los capitalistas o por la planificación estatal.

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La cuantía de los salarios puede cambiar enormemente. Si las titulaciones son cada vez más abundantes, con el mercado laboral de médicos, ingenieros, maestros y otras carreras universitarias saturado, el salario en el libre mercado bajará. La noción de prestigio no se catalogará en dinero, sino en reconocimiento público, que es una parte muy importante de la satisfacción social del empleo, su imagen social. Otros trabajos, con menos gente dispuesta para hacerlos, incrementarán su salario respecto al actual, como el de barrendero, limpiar alcantarillas, cuidar enfermos. No harán falta numerus clausus, ni limitaciones al mercado de trabajo, más que el propio trabajo necesario. Este es el resultado del libre mercado en el campo laboral. Pero hay un componente social de tipo ideológico que siempre callan los liberales, y es la creación de un estatus social alto para los aquellos que mantienen un prestigio y forman parte de la élite social. Por supuesto que hay que reconocer y pagar el esfuerzo por adquirir una preparación específica, que implica mucho sacrificio, pero cuando este empeño se divulga y generaliza se devalúa, en términos económicos, pero sin embargo va a favorecer el desarrollo laboral como vocación, lo que es muy importante en una sociedad con sujetos tan egoístas y ambiciosos como los que la forman.

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Con una renta básica el trabajo adquiere un papel primordial y se valora en su justa medida, pero que se limita en el ajuste de los costes de producción y de los beneficios que requiera el capitalista. Serán éstos los que han de competir y no solamente los trabajadores en el mercado laboral. Semejante equilibrio va a permitir un desarrollo racional y sostenible, del mercado. Lo que se puede expresar con la fórmula “el pobre será menos pobre y el rico menos rico”, al contrario de lo que actualmente sucede. El trabajo recupera su valor de uso y de cambio, puede evitar contravalores y no justificarles por la necesidad de crear empleo y al mismo tiempo los valores de consumo y el ecológico pueden intervenir en el mercado laboral de manera directa y no ser regulados exclusivamente desde fuera, por ley.

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O sea los trabajadores pueden negarse a trabajar en una explotación a cielo abierto que destroza valles y comarcas. Haría tan cara la contratación para quien estuviera dispuesto a hacerlo que no le interesaría. Sin embargo la necesidad de cubrir unas carencias obligará a los ciudadanos a trabajar por resolverlas. Lo que no sucederá es la sobresaturación y el exceso de trabajo para mantener un crecimiento económico que se desvía hacia los beneficios del capital. Se consigue llevar tal crecimiento al beneficio de la fuerza del trabajo. La tecnología y la potencia de la productividad decide el mercado. No anula el beneficio, lo estimula y potencia, pero entre un mínimo establecido por la renta básica y un máximo que establece el mercado. En contra de nada, la pobreza, o fortunas infinitas que adquieren un poder y provienen de ámbitos que están fuera del libre mercado. La Renta Básica es una medida económica, mientras que el Salario Social es una medida política, que no encaja con la realidad pues se trata de una idea que aterriza en la realidad. La Renta Básica es una propuesta que surge de la realidad, de la evolución del capitalismo en su progresión social. Evidentemente para llevarla a la práctica habrá que luchar, pues las fuerzas del capital y laborales, acopladas y acomodadas en el sistema económico establecido, ofrecerán resistencia para cualquier tipo de cambio que pueda poner en duda su hegemonía y llevarles a una crisis de Poder. Esta es la cuestión política en la que un nuevo movimiento social habrá de intervenir.

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