El sistema de pensiones de la Seguridad Social ha variado profundamente en su base económica y social, a lo largo de los últimos diez años. No sólo en Europa, sino en el mundo desarrollado porque ya no es una cuestión económica, sino que se ve afectada porque la población ha variado en su conjunto. La parte activa, y por lo tanto cotizante, disminuye en los países occidentales. Lo cual provoca una crisis de resistencia de la caja de la seguridad social. Sin embargo la cantidad de dinero que se produce en términos sociales y económicos es muy superior al dinero de las cotizaciones en caso de mantener una relación lineal entre el pago de los trabajadores y el reparto a través de los diversos tipos de pensiones. Por lo cual, entiendo, la crisis es relativa. Sucede una contradicción que exige replantear el sistema de pensiones para acabar rompiendo la dicotomía entre seguir como siempre o eliminar una parte de las pensiones dejando su misión en manos de fondos inversiones privada. Probablemente un sistema mixto será lo más adecuado y útil, dejando las cuestiones ideológicas a un lado, porque ya no responden a la actualidad. Hoy por hoy la economía funciona en una dimensión dinámica y no puede ser acotada, por fórmulas que no sólo entorpezcan la actuación del Estado, sino que acaben llevándolo a una situación de quiebra técnica.

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Las compañías de seguros y los fondos privados de inversiones se han convertido en inversores institucionales. Invierten parte de sus disponibilidades líquidas formando parte del mercado del dinero. Aseguran el pago de los contratos correspondientes, de manera que actualizan el valor del dinero y generan beneficios, por lo que pueden hacer frente a sus compromisos económicos. Los seguros de ahorro, sean de vida, de accidente o cualquier otro han creado un mercado de ahorro que interviene activamente en las inversiones de valores bursátiles. Rentabilizar el dinero hace que se puedan aplicar criterios de actualización de los pagos de pensiones en el sistema privado. Lo cual no sucede con las cotizaciones del Estado. Los gobiernos que representan el liberalismo, tanto desde la vertiente conservadora como socialista, desplazan hacia estos modelos la responsabilidad de financiar los sistemas de jubilación, porque no se atreven a romper definitivamente con el modelo anterior, de hacerse cargo el Estado mediante el sistema de cotizaciones. Ahora bien, es un modelo en crisis que no se quiere reconocer. Y no es una crisis del sistema de pensiones, como a veces se ha interpretado, especialmente el señor Barea, sino de que no se ajusta al nuevo modelo económico, en el que la economía financiera es la que tira del carro.

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En una sociedad en la que cada vez hay menos población cotizante las cuentas pueden llegar a no salir. Pero bastaría con aumentar la cotización. Lo que se hace, previendo la falta de liquidez estatal, es animar a invertir en los sistemas privados. Se anuncian ventajas fiscales, de manera que se subvencionan estas prácticas a través de la declaración de la renta. Evidentemente este modelo favorece a quienes disponen de una buena situación económica. Se trata de mantener un suelo de atenciones públicas y pensiones cada vez más ajustado y que en la mayor parte de las ocasiones no va a resolver el problema de las personas que se encuentran fuera del mercado laboral, mas que como complemento de otros fondos o sueldos privados.

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Los ahorros obtienen, mediante su participación en el mercado bursátil, rendimientos de capital, que al ser a largo plazo obtiene una alta rentabilidad. A medida que se establecen unos tiempos de depósito del capital a largo, medio y corto plazo, es con los primeros cuando se logra la máxima rentabilidad financiera fiscal, lo que afecta al inversor privado, como a la compañía que se hace cargo de este tipo de operaciones. Vemos que las pensiones privadas, seguros de vida privados, etc. dejan de depender del capital productivo para pasar a hacerlo del capital financiero. he aquí el quid de la cuestión, al que el modelo de pensiones ha quedado anticuado, fuera de la realidad económica. Las empresas financieras al invertir en mercados internacionales diversifican los riesgos y participan de beneficios por el peso del capital.

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Las empresas dedicadas a estos menesteres y de la valoración de los mismas en los mercados bursátiles en los que participan influyen notablemente en la situación económica de los países en los que invierten. A medida que se hacen más rentables incrementan sus provisiones para variar las cotizaciones de manera que no sufran las fluctuaciones de los mercados. Así se han creado productos como los Unit Linked, que son seguros de vida cuyas primas se invierten en fondos o cestas de fondos que gozan de un tratamiento fiscal ventajoso a medio y largo plazo. Se trata de productos ahorro/seguro ligado a un fondo de inversión. Las ganancias se gravan fiscalmente, pero los impuestos se reducen con la antigüedad. La ganancia se considera un rendimiento mobiliario. Es una ventaja para el capital que se mueve en este terreno pues obtiene beneficios a través del rendimiento y cuanto mayor sea más será el beneficio. Se consigue que los pequeños capitales no fluctúen o se garantice una seguridad porque se integren a los grandes capitales, repartiéndose proporcionalmente los beneficios. El resultado desde un punto de vista socioeconómico es el encarecimiento de la vida, como se puede comprobar año tras año. Quienes quedan fuera de este modelo de riqueza sufren cada vez más la escasez y las pensiones estatales cada vez valen menos, porque aunque suban con el nivel de vida, no lo es en la proporción adecuada, inmersos como está cada sujeto en la sociedad de consumo. El deseo de bienes es cada vez mayor, lo que unido a una tasa de paro constante, hace que la demanda efectiva de trabajo sea cada vez mayor, lo que abarata el contrato y precariza sus condiciones. Lo cual va a llevar a mantener para el futuro una pensiones mínimas y raquíticas. Es a costa de esta condición por la que el beneficio de los fondos de pensiones privados es tan ostentoso, por lo que bien merece que una parte del dinero que va a parar a los ciudadanos y ciudadanas pase a depender de quienes sufren sus consecuencias y se socialice una parte del beneficio en forma de Renta Básica. Y a partir de ese fondo social (universal, básico e incondicional) intervengan los fondos de inversión privados. Es decir defiendo un sistema mixto entre la Renta Básica junto a un fondo privado para quien quiera acogerse a este tipo de planes de ahorro. Sin esta base de subsistencia lo que sucederá es el desplazamiento de una parte de la población que depende de las pensiones hacia la pobreza. Una razón más para hacer depender la Renta Básica de los beneficios y no de un fondo estatal. Las cotizaciones se convertirían en un impuesto de trabajo para incrementar el capital público que garantice y mejore la sanidad y enseñanza públicas, a la vez que una mejora de infraestructuras y la seguridad de las poblaciones.

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Bancos como BBVA invierten los fondos de sus planes de pensiones en torno a un 40% de sus activos en títulos de renta variable, tanto nacional como internacional, y el otro 60% en renta fija, para combinar estrategias de rentabilidad y de seguridad, de manera que tienen un margen de actuación en caso de que alguna operación signifique importantes pérdidas. Ocurre que el control y planificación es bastante seguro, porque los mercados dependen en gran parte de los sistemas que los financian. La diversificación de factores y funciones hace que se cree dinero, pluscapital, a modo de un sistema productivo de riqueza. Donde se incrementa el riesgo es, al mismo tiempo, donde se ofrecen más ganancias si se acierta. Son el sector tecnológico, porque aún no tienen definidos los mercados ni los productos que son innovados incesantemente, lo que hace que los productos rezagados puedan recoger pérdidas.

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Como sucede a muy largo plazo hay factores de corrección en el tiempo que garantizan la inversión con plena seguridad. Observamos, nuevamente, como los fondos de pensiones privados son capitales dinámicos, que más que un fondo es una masa monetaria para invertir. Como desgrava, no sólo al cliente sino al operador, la privatización de las pensiones supedita el dinero social, aquel que va a cumplir un cometido aunque sea sustitutorio como es tener una ganancia para el día de la jubilación, al capital privado. Por contra se merma el capital público, que se menoscaba y es esta parte la que ha de suplir necesariamente la Renta Básica. No va a ser pues una medida de tipo social sino económica. También política por tanto y cuanto va a servir como elemento fundamental para la cohesión social y la construcción del Estado democrático desde las bases sociales y con la participación de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas.

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El crecimiento económico global, a medida que va descargándose de mano de obra y costes, incrementa los beneficios debido a la evolución de los mercados, especialmente los tecnológicos y los procesos de fusiones y adquisiciones dentro de la globalización económica. Insisto en este contexto mundial porque los compromisos de pago a largo plazo como fondos de pensiones dejan de tener una localización geográfica y sin embargo sí la tienen desde el punto de vista económico. Los planes de pensiones construyen el capital necesario para cobrar una jubilación privada, lo que aumenta sin cesar, debido a las mejoras fiscales y de rentabilidad. Lo que acabará desplazando el modelo clásico de pensiones, que encuentra cada vez más obstáculos materiales para su consecución. Hace falta un nuevo esquema, que ineludiblemente entra en el contexto de la Renta Básica. la objetividad de una necesaria transformación del sistema de pensiones justifica a muchos economistas a imponer un modelo privado único.

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El envejecimiento de la población supone un incremento del coste de las pensiones y de gastos sanitarios. Con la peculiaridad de que la población cotizante es menor. Según los estudios elaborados por la UE el gasto público en las pensiones alcanzará en el año 2005 el 15´8% del PIB, cuando en el año 1998 fue del 8´5%. Es necesario y es preciso asumir este dato, antes que quedar en nada y así lo asumen las autoridades del gobierno, porque además forma parte del derecho constitucional de todas las democracias. Eliminar las pensiones es tan impopular que políticamente es inviable, pero económicamente es preciso. ¿Y cuando no se pueda? Evidentemente hay otras partidas que pueden ser desplazadas en un cambio de gastos desde un punto de vista ideológico, pero que también supondrán un problema de oleadas de personas sin sus medios habituales de vida. La evolución de la economía impone la necesidad de reformar los sistemas de pensiones.

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Angel Laborda¹, afirma: “el futuro envejecimeinto de la población va presionar fuertemente al alza los gastos en sanidad y pensiones, y ello no se solucionará limitando en un programa su nivel, sino tomando medidas para hacerle frente”. Lo que no es posible es obligar a las mujeres a tener hijos, por más incentivos que se ofrezcan. El problema es que se está viendo exclusivamente el modelo privatizador. Lo cual puede dejar en la estacada e indigencia a muchas personas. Ahora bien, se puede hacer compatible las modificaciones del mercado de fondos de inversión con un modelo mixto, que contemple las pensiones privadas voluntarias que surjan de los planes de pensiones de bancos o empresas especializadas en la inversión bursátil, con una base de subsistencia que garantiza la Renta Básica universal. La primera parte garantizaría un enriquecimiento o un mejor nivel de vida, pero nadie quedaría desposeído de unos ingresos fijos, que además vienen gestionados por un proceso que abarca a toda la ciudadanía, no a un sector de la población. Las necesidades básicas quedan cubiertas y una parte de los beneficios del trabajo pueden ser ahorrados para sufragar una pensión particular. Tratamos de superar la paradoja y adaptar las medidas a tener en cuenta a los nuevos tiempos en los que disminuye el número de cotizantes a la vez que aumenta la riqueza y la productividad. ¿Cómo es posible que aumenten los beneficios netos y las ganancias empresariales y se quede gente sin cobrar las pensiones o les bajen bruscamente? Porque el modelo de cotización es insuficiente y hacen falta nuevos recursos, como la aplicación de la Renta Básica, que no se ha planteado por falta de un conocimiento creativo.

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Cuándo se advierte que peligra la seguridad social, nunca se equipara a que peligre también, pues son fondos públicos la monarquía, que supone gastos, el ejército, que también, o el modelo parlamentario que otrosí. Pero es que integrando la Renta Básica, con las precisiones que hemos estudiado, observamos que se descarga del gasto fiscal y de la Seguridad Social lo que queda incluido y corresponde a la Renta Básica. Hemos visto que deriva directamente del proceso de los beneficios. Así el Órgano de Estado, órgano consultivo del gobierno, ha dejado claro que las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez es competencia del Estado, por la Seguridad Social, no autonómica. Dicha gestión aplicada a la Renta Básica sería una descarga y una garantía de seguridad económica para todos los ciudadanos y ciudadanas. Desde la Reforma de 1989 han quedado clasificadas las fuentes de financiación. Las de carácter contributivo de las cotizaciones sociales y las no contributivas a través de los impuestos.

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Según Guillermo de la Dehera², vice chair man del Centre for Economic Policy Research, la sociedad europea se enfrenta a un problema de financiación a largo plazo, tanto por la tendencia laboral como por la tendencia de distribución estructural de la población. De manera que no podrá funcionar el esquema según el cual “los padres pagan la educación de los hijos y éstos la jubilación de sus padres”. El problema es que se mantienen hábitos de pensamiento que han dejado de ser válidos para conectar con la realidad. Tendríamos que preguntarnos si no ocurre el mismo error que asumió John Stuart Mill, al mantener este teórico de la economía que es preciso un fondo salarial. En el caso que nos concierne se basa en un fondo de pensiones, fijo, que evidentemente según el dicho tradicional, “el montón del que se quita y no se pone el montón se descompone”. Tenemos que al ritmo de crecimiento económico y laboral actual no habrá dinero suficiente para los gastos públicos, entre otros las pensiones. Algo que se empieza a detectar. Pero sucede porque no se adaptan nuevas medidas ajustadas a la nueva realidad, en la que se constata cada vez más dinero. El problema es que no salen las cuentas, porque dinero hay. Sucede que hay que cambiar la manera de distribuirlo y financiarlo. En lugar de un fondo habrá que recoger dinero de la riqueza producida, a título particular y también público. De esta manera aseguramos el establecimiento de una distribución del dinero del que dispone la economía para su uso social. Aseguramos una base de riqueza social ya que la riqueza aumenta, mientras que el fondo disminuye, y cada vez más con la globalización que hace muy compleja la tributación fiscal. De hecho habrá que mantener una cuota fiscal para obras públicas, sanidad y enseñanza, Defensa y demás que se habrá de resolver en un mapa estatal más amplio que los Estados nacionales.

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La Renta Básica aparece en este modelo como un requisito para la superación del fondo de pensiones, de manera que establece una cantidad fija y supera el peligro del sistema de cotizar, con otro modelo en el que encaja la propuesta que hacemos. Los datos de los que disponemos confirman que mientras en 1999 hay 1´9 cotizantes por cada pensionista, situándonos en el límite del sistema, la evolución de la población y la economía prevén que para el año 2020 habrá 1´5 cotizantes por perceptores. Lo cual hace que desde un punto de vista matemático sea inviable. Lo que se agrava con las jubilaciones anticipadas que no generan en igual medida trabajo entre los jóvenes. Sin embargo se prevé en el mismo periodo de tiempo un incremento de beneficios bancarios de un 38%. El modelo actual ha dejado de funcionar y hace falta otro. Los cimientos de este nuevo sistema son la Renta Básica. Por eso hemos de dejar claro que Renta Básica y sistemas de pensiones privadas no son complemento uno del otro, lo que sería un fiasco. Son mecanismos paralelos. Que no depende de que ideológicamente me guste más o menos o este a favor o en contra, sino de adecuarnos a la nueva realidad.

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El ex responsable de la Oficina Presupuestaria del Gobierno, Jose Barea³, llamó la atención sobre la urgente necesidad de hacer una reforma completa del sistema de pensiones. Opinión que en su actividad como asesor gubernamental levantó siempre grandes polémicas. Su conclusión es: “los efectos del envejecimiento son alarmantes y no se puede dar todo a todos”. Propone adecuar las medidas de España a cómo se establece en Europa: calcular la pensión en función de toda la vida laboral del trabajador y no de los últimos ocho años. Introducir también medidas correctoras, como el copago de las prestaciones recibidas y respecto al gasto sanitario ofrecer tikets moderadores, para que no se consuman más medicamentos de los necesarios. El ritmo de jubilación hace prever que del 15% que supone esta población en 1999 pase al 30% en el año 2050. Lo que afecta a tres grupos de prestaciones, pensiones, sanidad y servicios sociales. Con el modelo actual las cuentas no salen y se observa un deterioro cada vez mayor de los servicios sociales en los sectores más marginados, así como un detrimento en la calidad de la enseñanza y la sanidad pública. De manera que los efectos del crecimiento económico no sólo no se perciben en lo público, sino que empeora para los colectivos más desfavorecidos. Las críticas de Barea son realistas, pero no ofrece ninguna sustitución. Mucho menos se intenta acoplar una nueva fórmula adecuada a la nueva manera de enriquecimiento, que deberá manifestarse en el conjunto de la población. Condenar a una parte de la sociedad a la pobreza y a la delincuencia acaba pasando factura y no debe depender la salida de reparto de caridad, ya sea familiar o institucional, sino mediante un derecho de redistribución de la inmensa riqueza que hoy se derrocha por doquier.

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Al comienzo del periodo del gobierno del Aznar, el Partido Popular estableció⁴ una fórmula que ha desencadenado una situación en la que ha sido peor el remedio que la enfermedad. Buscó el ahorro de entre 40 y 50 mil millones eliminando la desgravación por los gastos sanitarios (en la declaración de la renta) y controlar las incapacidades laborales. Se ha convertido en una manera de presionar a los trabajadores. Con la excusa de que se puede encontrar otro puesto de trabajo, un soldador o un albañil que sufre determinadas cardiopatías no podrá trabajar en lo suyo, pero no se le reconoce la baja y el derecho a una pensión porque en teoría puede hacerlo de conserje o en un empleo de oficina. El problema es que el mercado laboral, en la práctica, no lo permite. La ley se ha adaptado a criterios económicos. Se hacen análisis administrativos en vez de chequeos sanitarios. Se imponen a los médicos encargados de la revisión unas tablas que nada tienen que ver con la realidad. He sido testigo de varios casos en la que graves enfermedades se han contemplado como incapacidad permanente para su trabajo, con una pensión mínima en función de que encuentre otro puesto laboral, de acuerdo al Real Decreto 1300/1.995 que desarrolla la materia de incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social. Lo paradójico es que al mismo tiempo trabajadores en plenas condiciones físicas absorben gran parte del presupuesto de la Seguridad Social con las prejubilaciones, que favorece a empresas que logran grandes beneficios netos, como son Telefónica, Fasa Iberdrola, Renfe, Michelín y otras. Esta articulación de despropósitos legales o pseudolegales quedarían superados en un auténtico mercado laboral, como una pensión universal a partir de la cual funcione el mercado y las prestaciones sociales, no antes.

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En Septiembre de 1999 en la comunidad de Galicia se propuso establecer una pensión para las amas de casa. El funcionamiento es cotizar voluntariamente en un fondo institucional que serviría de inversor público en los mercados financieros. A modo de una pensión privada pero avalada por una institución como el gobierno autonómico, que cubre esta cotización con una mutualidad. Pero establece un paso para ir orientando a la población hacia fondos de pensión privados, pues sería la misma función. Desde nuestro punto de vista vemos esta posibilidad como un complemento o añadido a la Renta Básica, pero no puede ser como única manera de financiar la supervivencia económica autónoma por parte de la gente, cuando muchos sujetos no pueden disponer de esta base de cotización. Para Federico Durán, presidente del Consejo Económico Social (CES): “suplementos a las pensiones es la vía más segura para terminar con la viabilidad del sistema de pensiones”. De acuerdo, en el sentido que pueda impedir anularlo. Pero no si es para transformarlo, injustamente sin medidas como distribuir rentas básicas, que se incorporen al proceso económico y establezcan una relación laboral dentro del mercado estrictamente. Entonces más que un suplemento es una inversión de futuro, a largo plazo dentro de la rentabilidad que ofrece el mercado financiero. La cotización por el hecho laboral, por el trabajo o negocio disminuye como tasa fiscal, por eso la necesidad de incidir en los beneficios, no sólo productivos, sino especulativos, de transacciones y operaciones de los capitales inversores. ¿Es más o menos justo? depende del punto de vista de quien lo discuta, pero desde luego es más útil y sobre todo se adapta mejor a la nueva realidad económica.

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Un informe de la Caixa⁵ expone que se necesita la entrada de 12 millones de inmigrantes para garantizar las pensiones. CC.OO. niega este análisis, que pretende alarmar a la opinión pública para que se metan de lleno en el ahorro privado para garantizar el futuro. Este sindicato estima que es posible abordar las pensiones hasta el año 2030 con un 10% del PIB. Pero lo analiza desde un desarrollo lineal que no prevé los ciclos de crecimiento económico que pasa de una tasa de empleo fijo a otra de tipo temporal y no cuenta el empleo sumergido que es cada vez mayor y fuera de los cauces del mercado regulado, tanto a gran escala como a pequeña y mediana escala.

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Cuando surgió en España la idea de ofrecer pensiones desde los gobiernos autonómicos, el Ministro de Economía, Rodrigo Rato, expuso las consecuencias peligrosas a las que se podría llegar. Se aceptaba en las no contributivas, pero no en las demás, pues daría lugar a cantidades diferentes en las diversas regiones. Se trata de una interferencia política en una cuestión contributiva que desde el punto de vista económico carece de relevancia. Más todavía, podemos preguntarnos si no sería positiva la competencia entre las regiones para ofrecer las mejores garantías de seguridad y bienestar económico.

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El problema que vio fundamental Rodrigo Rato fue que podría suceder como pasó con la Junta de Andalucía, que dejó de pagar un salario social mínimo para ciudadanos sin ingresos y jornaleros que no llegaban con sus ingresos a la media mensual del salario mínimo porque se agotaron los fondos dispuestos para tal fin. Por eso nos parece tan importante y vital que no dependa de un fondo, sino de una relación directa con la riqueza que se genera. ¿Y si deja de generarse? Entonces la riqueza quedaría sustituida automáticamente por el trabajo. Cuestión harto improbable debido al desarrollo tecnológico que no tiene vuelta atrás.

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El gobierno balear, en Junio de 1999 se forma por la alianza de varios partidos que desbancan a la derecha conservadora. Proponen un “carácter social de su gobierno”. Como medida fundamental que defina esta idea establecen equiparar las prestaciones mínimas al salario Mínimo Interprofesional. Pero ¿qué sucede? que se trata de una sociedad con mucho turismo y sin apenas paro, por un lado. Por otro hay una población estable de centro Europa, cuyo nivel de vida es superior al español y han hecho que aumente el precio de los pisos y del consumo de manera desproporcionada en relación al resto del territorio del estado español. Al aumentar la oferta sobre la demanda y tener los alemanes un límite de oferta efectiva muy superior a la española ha encarecido lo indecible el nivel de vida. Tal medida del gobierno automómico de las Illes queda fuera del marco económico, es una decisión política de poca efectividad. Por lo que, como hemos visto, es más lógico aplicar la Renta Básica, porque se integra al fenómeno económico, como constante reguladora de desequilibrios y como contrapeso a la inflación.

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La Renta Básica permite superar la cantidad de las prestaciones por invalidez, viudedad y las no contributivas, incluido el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), cuya cantidad deja a muchas personas por debajo del umbral de la pobreza. Lo que según Caritas, afecta en España a cerca de 8 millones de personas.

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El premio Nobel y catedrático de la Universidad de Chicago, Gary Becker, mantiene la siguiente idea: “es preciso reformar radicalmente los sistemas de la Seguridad Social y sustituir las actuales cotizaciones al Estado por aportaciones individuales a fondos de inversión privados”. De lo contrario, explica, sube la carga fiscal de la Seguridad Social, lo que significa un aumento de costes laborales y por ende se traduce en menos empleos para los jóvenes, cuya consecuencia es menos cotizaciones. Luego no habrá fondos para la S.S. Si lo analizamos, lleva a la privatización del Estado, al que muy poco le falta para dar este paso. El cambio radical puede darse en el sentido de aceptar como recurso la Renta Básica, que, frente a lo que pueda parecer en una visión superficial del tema, va a fortalecer la solvencia del Estado.

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Los datos adquieren un cariz alarmante cuando no pocos economistas estiman que la deuda para el 2050 será superior al PIB, si no se hace una reforma de las pensiones y cotizaciones. Se prevé la crisis de manera emergente a partir de 2015. Sobre todo porque se suma la disminución de la población a la de población activa. Quizá sea una opinión alarmante y sesgada al no tener en cuenta los beneficios de las transacciones de capital e inversiones bursátiles, así como los resultados del desarrollo de la nueva economía. Pero a grandes rasgos tiene una base cierta. Al ser un tema de Estado se quiso eliminar toda obra partidista en el debate sobre el futuro de las pensiones y llegar a un acuerdo común entre las fuerzas políticas españolas, con el fin de garantizar su mantenimiento. Para ello se firmaron en la Moncloa los conocidos como “pactos de Toledo”, en Octubre de 1.996, habiendo sido aprobados en el Pleno del Congreso de los Diputados el 6 de Abril de 1.995. Lo que muchos expertos observan es que se firmaron en un ambiente muy proclive a no mantener un rigor técnico. Por una parte fue bajo una fuerte presión de los medios de comunicación y de un debate altamente politizado sobre el problema de las pensiones. Por otro, en 1.995 se estaba en la euforia del aumento de empleo de manera notable, lo que significa un aumento de pensiones para el futuro, pero se vive tal proceso como el comienzo de un relanzamiento de la economía que no va a ser así, al menos en el ritmo de creación de empleo. Sobre todo empleo estable. Se teme la quiebra del sistema de las pensiones, pero se mantiene.

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En 1995 España llega al déficit del sistema contributivo, lo que desaparece en 1999. Tal déficit obliga a establecer unos pactos que consoliden el sistema de la Seguridad Social, desde el rigor técnico y no desde posturas ideológicas. Participan partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales. Se había pasado de una recesión de empleo de 1993, en que el empleo no llega a los 12 millones de puestos con afiliación a la Seguridad Social. Pero que en 1995 se remonta para llegar a 1999 con 14 millones de afiliados. En los pactos de Toledo se mantiene el reparto y se rechaza la capitalización sustitutoria.

Los economistas Jose A. Herce y Javier Alonso Mesaguer, elaboran un trabajo recientemente “Reforma de las Pensiones ante la revisión de los pactos de Toledo”⁶. Proponen un sistema mixto de pensiones que contemple pensiones públicas de reparto y privadas de capitalización, con una privatización parcial al establecerse de manera obligatoria, como el seguro obligatoria de conducir. De manera que se repartan la aportación de los trabajadores entre ambos sistemas. Estos autores ponen un ejemplo que es el que sigue: “es como si nos encontráramos en un río, con dos orillas: una de escasez y otra de abundancia”. Su conclusión es que hace falta un punto de encuentro. Opinión que comparte David Taguas, subdirector de Servicios de Estudios de BBVA, que analiza como única opción viable para el futuro el sistema mixto de pensiones, de manera que se favorece el ahorro a largo plazo. En lo que estamos de acuerdo. Ahora bien no se pueden juntar las dos orillas como ellos pretenden con un sistema mixto, sino regular el caudal. Por eso proponemos y para tal efecto la Renta Básica, con los fondos de inversión para quien lo desee. Sí se puede establecer un seguro social basado en una tasa de cotización para mantener la Renta Básica. Es una opción a tener en cuenta, pero en ningún caso y bajo ningún concepto para mantener una capitalización privada, que además no va a tener una repercusión social, pues los bancos o inversores no se encargarán de pagar a los parados, los pobres o a quienes no hayan podido cotizar. Pero sin embargo se van a embolsar pingües beneficios. Partimos de un hecho constatado: disminuyen los cotizantes, aunque haya fases de crecimiento. A la vez se producen más beneficios. Entonces deberíamos atender a la idea de que coticen los avances tecnológicos el uso de máquinas automáticas que sustituyen la mano de obra, o bien actuar sobre el beneficio que generan que prescinde de ingentes cantidades de trabajadores y trabajadoras. Es decir establecer una tasa de beneficios sobre los proyectos I + D, de manera que tengan una repercusión social directamente, no mediante nuevas inversiones, que hace que en donde surge un nuevo dispositivo empresarial se eliminan varios en otra parte porque sus medios de producción quedan obsoletos. Sin eliminar de una manera absoluta los beneficios que de ello derive, con el fin de estimular semejante proceso de avance económico y productivo.

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Desde el punto de vista económico es más lógico el modelo de pensiones privadas, ya que cada cotizante va a recibir el fruto de su dinero, el cual ha actuado durante un tiempo en el mercado de valores, de manera que se ha revalorizado su capital. Si lo guarda el Estado se devalúa y pierde su valor en el fondo de pensiones. Pero no es ese el dinero que van a percibir los pensionistas, sino lo que cotizan otros trabajadores en el momento en que están jubilados los pensionistas. Suceden dos problemas. Que los cotizantes no sean suficientes y que lo que éstos paguen en un futuro no se les pueda devolver. Lo que crea inseguridad económica en los trabajadores. Sin aplicar la renta Básica la única opción es un sistema mixto, cuya contrapartida es desplazar a un sector de la población a la pobreza y marginación.

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Herce y Maseguer concluyen que la capitalización de pensiones es una técnica viable para la provisión de pensiones para toda la sociedad, no como el privilegio de unos pocos. Lo que no indican es cómo. Porque evidentemente el parado que no tenga unos fondos de pensión privados, o lo que perjudica a quien tenga un sueldo tan al límite de sus posibilidades que encima se le prive de un dinero para que se revalorice en operaciones bursátiles. Tienen en el horizonte una utopía absurda, el pleno empleo. Debe ser en todo caso un sistema libre, de elección libre y a partir de una base mínima de subsistencia que garantiza la riqueza del propio sistema económico desde un punto de vista realista. Aunque no concretan estos autores el contexto de su propuesta sí expresan de manera genérica que una redistribución en el sistema de pensiones es injustificada e incompatible con su contributividad estricta, por lo que dicen: “es preferible diseñar esquemas de renta social complementaria para quienes lo necesitan, financiados con impuestos generales fuera del sistema de pensiones y gestionados descentralizadamente”. A este requerimiento nos sumamos con el modelo de la Renta Básica. Con esta medida suprimimos el derecho asistencial a cambio de un derecho ciudadano, que además queda inserto en el progreso de la economía. Lo que es un avance mucho más adaptado a la actual riqueza, tras los diez años que han transcurrido desde la ley 26/1990, por la cual las pensiones no contributivas de vejez e invalidez se establecen a favor de personas carentes de recursos que se encuentran en una situación de necesidad, haya o no cotizado. El problema es que han de llegar a situaciones extremas de las que nunca van a poder recuperarse. Es como recetar jamón a quien se ha quedado sin dientes, por no haberlo podido pagar antes. Y luego tampoco lo puede comer porque no le es posible masticarlo.

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Los Pactos de Toledo hacen suyas las recomendaciones del Libro Blanco de Delors: “Reducir las cotizaciones sociales para dinamizar el empleo , con prioridad en los trabajos de baja cualificación y en los sectores intensivos de mano de obra”. Entonces se acuerda: “establecer fórmulas no contributivas, puesto que los sistemas contributivos son eficaces en situaciones de pleno empleo, pero en los periodos de crisis se requieren en paralelo niveles no contributivos”. Así se declara como filosofía de fondo de los pactos de Toledo: “el mantenimiento de un alto nivel de protección social no puede valorarse como un coste, sino también como un elemento básico de competitividad, no se trata de modificar el sistema de protección social, sino de ir adaptándolo de manera permanente y que su evolución se acomode a la generación de riqueza”. Lo que desde nuestro criterio es lo que puede definir claramente la inclusión de la Renta Básica en nuestro sistema económico y social. Precisamente cumple y desarrolla este requisito formal, que en la actualidad carece de contenido. Baste comprobar la cantidad de riqueza y beneficios en una desproporción enorme con los sistemas de pensiones.

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